Desde principios de abril de 2009, miles de personas provenientes de más de cincuenta etnias amazónicas, han protestando para exigir la derogación de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083 y 1089 y la Ley de Recursos Hídricos, pues consideran que vulneran los derechos humanos tanto por su impacto sobre el medioambiente como por la falta de consulta para su promulgación, en violación de las obligaciones internacionales del Perú contenidas en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El 10 de mayo de 2009, el Gobierno Peruano decretó Estado de Emergencia en los lugares donde se realizaban las protestas y el 14 de mayo cerró todas las instancias de diálogo con las comunidades amazónicas. El 15 de mayo de 2009, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) volvió a tomar contacto con el gobierno y se pactó para el día 20 de mayo el inicio de diálogos entre el gobierno y AIDESEP. Sin embargo, el 18 de mayo de 2009, una notificación fue recibida en el local de AIDESEP para el Sr. Pizango Chota, presidente de AIDESEP, denunciándolo por presunta comisión de los delitos de "rebelión, sedición y conspiración, para una rebelión, sedición o motín" y contra la tranquilidad y la paz pública, apología en agravio del Estado Peruano, y citándolo para el 20 de mayo de 2009 a las oficinas del 44 Fiscalía Provincial de Lima.
Otros cinco dirigentes de los pueblos indígenas amazónicos también fueron notificados por los mismos delitos: los Sres. Saúl Puerta Peña, Secretario de actas de AIDESEP, Marcial Mudarra Taki, Coordinador de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo COREPI - SL, Cervando Puerta Peña, Presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú - ORPIAN - P, Daniel Marzano Campos, Presidente de la Organización Regional Indígenas de Atalaya - OIRA y la Sra. Teresita Antazú López, Presidenta de la Unidad Nacional de Pueblos Ashaninkas y Yaneshas - UNAY.
Los delitos de los cuales se acusa a los dirigentes son punibles con penas de prisión de 5 a 10 años.
Para el Observatorio, estos hechos evidencian una persecución contra los dirigentes indígenas amazónicos que lideran las protestas de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana. El Observatorio lamenta que el gobierno haya privilegiado la criminalización sobre el diálogo frente a protestas cuyo objeto reside en la reivindicación del respeto de su derecho, en tanto pueblos indígenas, a ser consultados « cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente » (art.6§1 del Convenio n°169 de la OIT), en conformidad con las obligaciones internacionales del Perú amparadas en el Convenio n°169 de la OIT.
Por lo tanto, el Observatorio exige el cese inmediato de estos procesos judiciales en contra de los seis dirigentes mencionados. El Observatorio requiere también a las autoridades peruanas a que levanten el Estado de Emergencia en las distintas provincias amazónicas y que reanuden el diálogo con las comunidades.
Se solicita también que tomen las medidas más urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
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