En efecto, en una entrevista dada a RPP Noticias y publicada el 21 de agosto de 2008, el Ministro Benavides declaró, al referirse a las ONG, "yo los llamo los buitres del siglo XXI". El Ministro acusó las ONG de querer mantener las comunidades indígenas en estado de pobreza con el fin de recibir "más financiamiento extranjero". Estas declaraciones oficiales intervienen tras el apoyo brindado por algunas de ellas a la derogatoria de los decretos 1015 y 1073 que promovían las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas y que permitían a las comunidades nativas decidir sobre la venta de sus tierras con la aprobación del 50% más uno de sus miembros en lugar de exigir el acuerdo de la asamblea general de la comunidad (dos tercios en la Selva y en la Sierra). Estos decretos, que ponían en entredicho los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos aquellos amparados en el Convenio 169 de la OIT, que obligan los gobiernos a consultar los pueblos indígenas interesados "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" (art. 6) y previamente a la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras (art. 15), fueron derogados por el Pleno del Congreso peruano el 22 de agosto de 2008.
El Ministro Benavides descalificó también al congresista de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, quien había señalado en RPP "que el Gobierno pretendió con "trampa y engaño" aprobar la denominada "Ley de la Selva", pese a haber sido rechazada con anterioridad en el Parlamento".
El Observatorio considera que estas palabras del Ministro de Agricultura constituyen un grave ataque verbal a las ONG y, de manera más general, a todos los que luchan para la defensa de los derechos humanos en el Perú. El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de descalificación interviene desde las más altas esferas del Estado en contra de los defensores y expresa su profunda preocupación. En efecto, esta actitud abre las puertas a numerosos abusos en contra de los defensores que pueden llevar a actos que van desde la obstaculización de su trabajo y hostigamiento hasta amenazas de muerte y asesinatos. Por lo tanto, el Observatorio urge el Ministro de Agricultura a rectificar públicamente estas palabras.
Además, el Observatorio insiste en la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de promover la protección y realización de los derechos humanos, y a cumplir con su compromiso de proteger a los defensores de derechos humanos tal como está previsto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (art.12.2).