En estos últimos tres días, producto de la represión, tres manifestantes resultaron muertos y 50 heridos.
«Estamos muy preocupados por la ausencia de voluntad del gobierno peruano de dialogar con los manifestantes y aún más por las ejecuciones extrajudiciales de tres personas que muy legítimamente reivindicaban el derecho al medioambiente y a la consulta. No hemos olvidado el nefasto precedente ocurrido en Bagua en el 2009», dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «El gobierno debe entender que no puede implementar su política minera en total irrespeto de los derechos de la población afectada», agregó Souhayr Belhassen.
La FIDH urge a las autoridades peruanas a que inicien un diálogo abierto y transparente con los manifestantes y a que se investigue con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la muerte de estas tres personas.
Asimismo, la FIDH solicita que se interrumpa el proceso de concesión minera hasta que se haya llevado a cabo un nuevo estudio de impacto que recoja las preocupaciones de UNOPS y de la población de Islay.