Por otra parte, la FIDH y sus ligas se satisfacen de la decisión de detención domiciliaria pronunciada por el Juez Marin (sustituto del Juez Álvarez) al día siguiente de la entrega del informe de la Fiscal Maldonado. Esto podrá evitar una nueva fuga del ex-Presidente peruano.
La opinión de la Sra. Maldonado, presentada ante el Juez Álvarez, Juez Instructor único de la Corte Suprema, es que Chile debe extraditar al antiguo dictador peruano Alberto Fujimori por nueve casos de corrupción y dos acusaciones de violaciones de derechos humanos, vinculadas con los asuntos "La Cantuta y Barrios Altos", se trata, en particular de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves o lesiones corporales, desapariciones forzadas o secuestro agravado. Su extradición se requiere también por los delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, peculado, colusión injusta y corrupción.
La Sra. Maldonado aprobó diez de los doce cargos de repatriación presentados por la justicia peruana. Con este informe, el sistema judicial chileno acoge la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso "La Cantuta", en donde señala « la obligación internacional de Chile de cooperar para que Fujimori sea juzgado y castigado por los graves crímenes revelados en este caso evitando de esa manera que los hechos queden en la impunidad »1.
El juez de la Corte Suprema, Sr. Orlando Álvarez, encargado del asunto Fujimori desde su detención en Chile en 2005, se pronunciará próximamente sobre la extradición. Su decisión será susceptible de apelación ante la sala Penal de la Corte Suprema que resuelve en última instancia.
La FIDH y sus ligas exhortan al Juez Álvarez a confirmar las conclusiones de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, para que Alberto Fujimori sea extraditado lo antes possible Perú; y sea juzgado en un tribunal imparcial e independiente por su responsabilidad personal en los graves crímenes cometidos en Perú entre 1990 y 2000.