La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresan su satisfacción por el histórico fallo emitido unánimemente por la Sala Penal de la Corte Suprema, que condena ejemplarmente a Alberto Fujimori Fujimori, a 25 años de pena privativa de la libertad, como autor mediato en los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (en agravio de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer), lo cual constituye un triunfo para la justicia peruana.
Creemos que esta condena marca un importante hito para la justicia universal pues se reconoce que las violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Fujimori obedecieron a una política antisubversiva de "guerra sucia", paralela a la oficial, para la cual el ex presidente erigió un aparato organizado de poder basado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que controlaba a través de su asesor Vladimiro Montesinos. A la cabeza de esa estructura, Fujimori tomaba decisiones.
Se ha demostrado que el cumplimiento de esta estrategia antisubversiva violatoria de los derechos humanos quedó a cargo de un comando de aniquilamiento, el destacamento Colina, que era el eslabón ejecutor de la estructura de poder liderada por Fujimori. A dicha agrupación se le atribuye por lo menos 50 crímenes cometidos entre los años 1991 y 1992.
La Sala dispuso que los casos comprendidos en el proceso constituyen crímenes de estado y, en el caso de Barrios Altos y La Cantuta, los delitos de asesinato, constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, se ha demostrado que Alberto Fujimori ejercía el mando de las Fuerzas Armadas en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y que avaló el desempeño de Nicolás Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos Torres.
Para la Sala, las numerosas pruebas aportadas por la Fiscalía prueban que el Grupo Colina participó en, por lo menos, 50 operativos de inteligencia y que, con el fin de generar la impunidad a los crímenes cometidos por dicho destacamento se dieron leyes de amnistía. Ello da cuenta del encubrimiento que Fujimori buscaba hacia los perpetradores a través de diversos mecanismos pro impunidad como la institución de tribunales militares, la ley de amnistía, además de los reconocimientos y ascensos hacia los integrantes de dicho escuadrón de la muerte.
La persistente lucha de cada uno de los familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta, su inquebrantable fortaleza y voluntad, han sido el motor de este proceso emprendido hace diecisiete años. Su esfuerzo no fue en vano y hoy, junto a los abogados y defensores de derechos humanos que los acompañaron con compromiso y dedicación en todo este tiempo, proclamamos este triunfo de la justicia como una reivindicación a la memoria de sus seres queridos, como afirmación de los valores democráticos y como aliento y respaldo para el movimiento de derechos humanos y los retos que tiene por delante.
Después de diecisiete años, SE HIZO JUSTICIA.