La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Asesoria Laboral del Peru (CEDAL), esperan con mucha expectativa la sentencia que la Sala Especial de la Corte Suprema pronunciará en este próximo 7 de abril, en el marco del juicio al ex Presidente Fujimori.
La FIDH, APRODEH y CEDAL esperan que se emita una sentencia positiva y ejemplar, respetando plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación; y, de forma más general, que contribuya a la recuperación de la memoria colectiva y el establecimiento de garantías de no repetición.
La FIDH hace público, con este motivo, su informe titulado «El juicio a Fujimori: ¿el fin de la impunidad?», en el que, tras recordar los cargos que pesan sobre Alberto Fujimori y el proceso que llevó al ex-Presidente peruano a responder por crímenes de lesa humanidad ante la justicia, examina el desarrollo de las sesiones del juicio, llevado a cabo en Perú, algunas de las cuales han sido acompañadas por encargados de misión de la FIDH como los Drs. Alirio Uribe y Antonio Doñate, ex magistrado español.
El informe de la FIDH confirma que el proceso llevado a cabo contra el Sr. Fujimori por la Sala Especial de la Corte Suprema está exento de irregularidades y cumple escrupulosamente con los estándares regionales e internacionales en materia de debido proceso. Ratifica, también, la consistencia de las pruebas que confirman la responsabilidad del Sr. Fujimori como responsable mediato de los crímenes que se le imputan.
Ante la evidencia de que existen presiones alrededor del proceso que persiguen obstaculizar la justicia y hacer prevalecer la impunidad, nos vemos en la obligación de denunciar los ataques y amenazas producidas contra los fiscales, abogados, jueces, víctimas y testigos, así como contra las organizaciones de defensa de derechos humanos acompañantes que han acompañado este proceso. En particular, la campaña desatada contra APRODEH por las más altas autoridades peruanas en abril del 2008, así como los demás intentos de obstaculizar la labor de las demás organizaciones que luchan contra la impunidad.
Expresamos también nuestra preocupación en torno a la falta de avances significativos en la identificación de las víctimas, la judicialización de las violaciones graves a los derechos humanos identificados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como la insistencia de llevar adelante leyes de Justicia militar tendientes a asegurar la impunidad de los crímenes graves cometidos por los militares durante el conflicto armado interno.
Considerando con preocupación los llamados recientemente formulados por los seguidores del ex Presidente Fujimori para que manifiesten su rechazo en las calles a cualquier condena de sus crímenes, hacemos un llamado a las autoridades peruanas para prevenir y conjurar los eventuales actos de violencia que estos llamados anuncian.