Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico - Urge abrir diálogo de buena fe

La FIDH publica hoy su informe de misión

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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), publican hoy su informe sobre los sucesos de Bagua del pasado mes de junio que se saldaron con la muerte de 33 personas más un desaparecido, y dejaron a unas 200 personas heridas. La Vice-Presidenta de la FIDH, la Dra Soraya Gutiérrez, abogada colombiana, está en Lima esta semana para encontrarse con distintas autoridades peruanas a fin de compartir con ellas las conclusiones y recomendaciones del informe titulado PERÚ-BAGUA, Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico - Urge abrir diálogo de buena fe.

La misión de investigación que la FIDH llevó a cabo en Perú los días 16 a 19 de junio de 2009, estaba integrada por la Hermana Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador, y el Dr. Rodolfo Stavenhagen, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ex Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Tomando en cuenta los puntos de vista y testimonios tanto de las autoridades peruanas como de las víctimas y de sus familiares, y de las organizaciones indígenas, el informe hace un análisis detallado de los sucesos. También se presentan el marco previo a los enfrentamientos, es decir las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de Decretos Legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como « TLC », y el escenario posterior a los enfrentamientos.

La FIDH denuncia que durante los hechos ocurridos en la llamada Curva del Diablo los días 5 y 6 de junio y en días posteriores, se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión. Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.

Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes. Para ello, la FIDH recomienda, entre otros, la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, que pueda esclarecer los hechos sucedidos y pide el respeto del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

La gravedad de este caso deja al descubierto profundas tensiones así como, en algunas ocasiones, la persistencia del racismo, por lo cual alentamos a que se abra un verdadero diálogo y que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el marco de las políticas y actividades comerciales.

Las recomendaciones de este informe destacan asimismo la necesidad de aportar ciertas modificaciones al marco legal para que se garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a consulta cada vez que una decisión o actividad pueda tener repercusiones sobre ellos o sobre sus tierras y territorios tradicionales.

La FIDH invoca al Estado peruano a respetar los convenios y tratados internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas; derogar las normas que afecten estos derechos; cesar la persecusión de los dirigentes y autoridades indígenas criminalizados en el marco la movilizacion amazónica de Abril a Junio del presente año y, al mismo tiempo, abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que agraven la situación previa al conflicto.

Finalmente, la FIDH formula recomendaciones a terceros Estados y a las empresas con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos humanos en general, en el marco de las políticas comerciales y de inversiones, permitiendo así reducir además el riesgo de conflictos sociales.

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