Según la información recibida, el director ejecutivo de la APCI, el Sr. Oscar Sciappa - Pietra evocó la posibilidad de recurrir al artículo 96 del Código Civil, que establece que "el Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres". Según el mismo artículo, "en cualquier estado del proceso, el juez puede dictar medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un interventor de las mismas".
Según las informaciones recibidas, esas amenazas ocurrieron después de una tele-conferencia de prensa en las que integrantes del programa de Derechos Humanos de CEDAL, del Foro de Salud y la Comisión Episcopal de Acción Social del Perú realizaron el 12 de abril de 2006, en la que llamaron la atención acerca de los impactos negativos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU. y Perú en materia de Derechos Humanos. Ese mismo día, el Presidente Alejandro Toledo y su Ministro de Comercio firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los EE.UU. Desde entonces, las autoridades han desatado una "cacería de brujas" con el objeto de deslegitimar organizaciones sociales y ONG que han expresado su preocupación por los impactos negativos que el TLC negociado supondrá para el ejercicio de varios de los derechos fundamentales en Perú.
En el marco de esta campaña, autoridades de la APCI y del Congreso han acusado públicamente a CEDAL y al Foro Salud de desviar fondos de la cooperación internacional para el desarrollo a favor de la campaña anti-TLC, lo que CEDAL ha negado rotundamente.
El Observatorio expresa su preocupación frente a esta campaña de difamación y a estas amenazas y teme que estén relacionadas a la labor desarrollada por CEDAL a favor de los derechos económicos, sociales y culturales en Perú.
El Observatorio urge a las autoridades del Estado de Perú a poner fin a los ataques contra CEDAL y otras ONG involucradas en la defensa de derechos humanos en Perú, y que aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de "toda persona individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), y del derecho de "estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medos adecuados".
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