El anuncio realizado por el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén el día 12 de noviembre de 2009, se produce luego de que dirigentes indígenas hubiesen expresado su negativa a seguir participando de las mesas de diálogo[3] mientras la solicitud de disolución emitida por el Ministerio de Justicia, se mantuviese. Dicho anuncio se produjo también después de la audiencia que, sobre este tema, se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 3 de noviembre.
En palabras del Primer Ministro, la iniciativa ha sido tomada por el ejecutivo, con la intención de "allanar el camino a un diálogo fructífero, en un clima de confianza y paz que todos los peruanos esperamos se consolide en las comunidades de la selva" hecho que el Observatorio saluda.
Sin embargo, el Observatorio manifiesta su preocupación por el hecho de que la criminalización de AIDESEP continúe. En la fecha de publicación de este comunicado, 69 de sus miembros tienen procesos judiciales abiertos relacionados con los sucesos del Paro Amazónico[4]. Asimismo, el presidente de dicha asociación, el Sr. Alberto Pizango, continúa asilado en Nicaragua, a la espera de que se retiren los cargos de rebelión, sedición y conspiración, que pesan en su contra desde el 23 de mayo de 2009. La persecución judicial de los líderes de la organización indígena, constituye un escollo para el proceso de diálogo entablado.
En este sentido, AIDESEP ha solicitado al Poder Judicial que cambie la orden de detención contra el Sr. Pizango por una de comparecencia. El Observatorio se hace eco de este pedido y considera que el regreso del Sr. Pizango al Perú significaría otro avance hacia una solución del conflicto.
Asimismo, el Observatorio está sumamente atento, a la situación del dirigente Bladimiro Tapayuri que se encuentra con mandato de comparecencia[5], desde el 7 de octubre de 2009.
El Observatorio desea igualmente reiterar su llamado a las partes a continuar con el diálogo en buena fe, elemento imprescindible para la solución duradera del conflicto, e invoca al gobierno peruano a que cese la criminalización contra AIDESEP y sus dirigentes. Asimismo, el Observatorio exhorta las autoridades peruanas a que cesen de inmediato todo tipo de hostigamiento, estigmatización y criminalización en contra de todos los defensores de derechos humanos en el Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
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