La FIDH insta a los miembros del Congreso a no aprobar este proyecto que contraviene claramente las obligaciones del Estado peruano en materia de Derecho internacional de los Derechos Humanos.
La FIDH recuerda que Perú abolió la pena capital en 1979, quedando restringida a casos de traición a la patria en tiempos de guerra y que Perú está sujeto a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDHH) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 4(3) precisa que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".
La FIDH considera que la ampliación de la aplicación de la pena de muerte en Perú seria un grave retroceso contrario a la resolución de la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte, según la cual « el objetivo principal, en lo que se refiere a la pena de muerte, es la restricción progresiva del número de infracciones para las cuales se requiere la pena de muerte, junto con el anhelo de la abolición de esta práctica ».
La aprobación de este proyecto de ley iría en contra de la tendencia actual a la abolición de la pena de muerte en el mundo y de las líneas directrices de la política de la Unión Europea hacia otros países en las cuales la Unión recuerda « que el objetivo de la abolición universal de la pena de muerte forma parte integrante de su política en materia de derechos humanos ».
La FIDH recuerda que sea cual sea la gravedad del crimen, se opone a la pena de muerte. Su fuerza de disuasión nunca a sido establecida y va en contra de la noción de dignidad humana así como del derecho a la vida.
Confiando en su compromiso por los derechos humanos, reciban Ustedes, excelentísimos señores, la expresión de nuestra más alta consideración.
Sidiki Kaba, Presidente de la FIDH