"Avances y Retrocesos en la lucha Contra la Impunidad"
Este informe, resultado de una misión internacional de investigación que tuvo lugar entre el 8 y el 14 de diciembre de 2002, pretende contribuir al debate entorno a la judicialización de las violaciones de derechos humanos durante el periodo de violencia en Perú (1980-2000). Dicho informe presenta la persistencia de impunidad para la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridas durante los 80 y los 90.
La FIDH destaca la necesidad de investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos y el derecho de las víctimas a saber la verdad acerca de las responsabilidades generales de la violencia política así como las responsabilidades individuales.
En este sentido se acogen con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión de la Verdad y de Reconciliación (CVR). Sin embargo, para el cumplimiento efectivo del mandato de la CVR, la FIDH insiste en la necesidad de que el poder ejecutivo, así como los demás órganos del poder público, acaten plenamente las recomendaciones de la CVR. En este sentido, la FIDH considera indispensable la creación de un mecanismo de seguimiento capaz de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR por los órganos del Estado. Dicho mecanismo debe contar con los recursos humanos y económicos necesarios para implementar sus objetivos.
Igualmente, la FIDH considera indispensable que se garantice la mayor difusión posible del contenido del informe de la CVR y que se realicen todo tipo de esfuerzos para que sus contenidos sean conocidos por toda la población peruana.
Considerando que la CVR no posee funciones jurisdiccionales, la FIDH resalta la importancia de implementar reformas en el ámbito de la administración de la justicia con el objeto de garantizar la judicialización de todos los casos de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el periodo de la violencia. Entre otras transformaciones indispensables para el buen funcionamiento del sistema de justicia se destacan: la inclusión de las víctimas en el proceso penal, la garantía del principio de inamovilidad judicial y la garantía del juzgamiento de toda persona acusada de violaciones de derechos humanos por el fuero civil.
En lo referente a la administración de la justicia en Perú, la FIDH señala finalmente la falta de conformidad de las leyes antiterroristas de Perú con los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos. Los recientes decretos 921 a 927, adoptados en Enero de 2003 continua lesionando en particular el derecho a la defensa y el principio de publicidad.
La FIDH llama a los órganos estatales de Perú, así como a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a tomar en cuenta las conclusiones del presente informe.