El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Perú:
Descripción de la situación :
El Observatorio ha recibido información de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) sobre las amenazas de muerte recibidas por los Sres. Iscra Chávez Loaiza, Freddy Rodríguez Olivera y Evelyn Zevallos Enriquez, abogados miembros de la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), institución miembro de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHHH), en la región de Cusco.
De acuerdo con las informaciones, el 3 de enero del 2006, hacia las 11h04, la Sra. Iscra Chávez Loaiza, Directora de la APORVIDHA, recibió en su teléfono celular un mensaje de texto proveniente de alguien anónimo, con el siguiente contenido: "TE ESTOY VIGILANDO CUIDATE TU Y TUS HIJAS ESTAN EN LA MIRA NO VIAJES TE PUEDE IR MAL MUY MAL".
Posteriormente, el 4 de enero de 2006, hacia las 11h23, se registró un segundo mensaje conteniendo agravios e intimidaciones dirigidos a otros dos miembros de Aporvidha, el Sr. Freddy Rodríguez Olivera y la Sra. Evelyn Zevallos Enriquez.
Según las informaciones, la Organización APORVIDHA atiende el caso de la matanza de 34 campesinos, ocurrida en Lucmahuayco en 1984[1]. Según las denuncias, los presuntos perpetradores de la mencionada matanza serían miembros efectivos de la 44 Comandancia de ex-Guardia Civil que prestaban servicios en la provincia de La Convención ubicada en el Departamento de Cuzco, y asimismo estarían involucrados en este caso efectivos del Ejército Peruano destacados en la provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac.
De acuerdo con las informaciones estas nuevas amenazas y actos de intimidación y hostigamiento se suman a los más de 40 incidentes de amenazas y acciones intimidatorias realizadas desde enero del 2005 hasta la fecha, contra testigos, víctimas y defensores de derechos humanos en diversas regiones del país. Las informaciones destacan que ninguno de estos casos ha sido esclarecidos por las autoridades competentes a pesar de las reiteradas y oportunas denuncias presentadas.
El Observatorio recuerda que no es la primera vez que tanto abogados representantes de las víctimas, como defensores de los derechos humanos y testigos de las graves violaciones de derechos humanos cuyos casos fueron llevados ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú vienen siendo víctimas de graves amenazas y actos de hostigamiento en caminados a obligarlos a que dejen su labor de denuncia y defensa de los derechos humanos (ver Llamado Urgente PER 002/1005/OBS 093, enviado el 27 de octubre de 2005).
El Observatorio, a la vez que manifiesta su condena de estas amenazas y actos de hostigamiento, manifiesta su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Iscra Chávez Loaiza, Freddy Rodríguez Olivera y Evelyn Zevallos Enriquez, y también de todos los miembros de la APORVIDHA y solicita a las autoridades peruanas, municipales, departamentales a nacionales, que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizarlas.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades del Perú urgiéndolas a:
i. tomar de immediato las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Iscra Chávez Loaiza, Freddy Rodríguez Olivera y Evelyn Zevallos Enriquez, y también de todos los miembros de la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA), así como de todos los miembros de sus respectivas familias;
ii. llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y actos de hostigamiento de que ha sido objeto los Sres. Iscra Chávez Loaiza, Freddy Rodríguez Olivera y Evelyn Zevallos Enriquez y en general los miembros de la APORVIDHA, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal justo, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. obrar de conformidad con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general el 9 de diciembre de 1998, en particular el artículo 1, que señala que "toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional" y el artículo 12.2 que estipula que "el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración";
iv. garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú.
Direcciones:
Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra. 71, Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra, Suiza. FAX : + 41.22.791.77.28; FAX: + 41.22.791.77.29, TEL.:+ 41.22.791.77.25, E-mail: mission.peru@ties.itu.int
Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República, Calle Palacio de Gobierno - Plaza mayor s/n - Cercado de Lima, Lima, Perú. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70. E-mail: oginf@presidencia.gob.pe
Dra. Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la Nación del Ministério Público de Perú, Av. Abancay Cdra, 5 - Lima - Perú. Fax: + 51.1.426 .28.00 E-mail: webmaster@mpfn.gob.pe
Dr. Gino Costa Santolalla, Ministro del Interior, Plaza 30 de Agosto, 160, San Isidro, Lima Perú. Fax: + 51.1.225.45.37 / + 51.1.475.29.95 E-mail: ofitel@mininter.gob.pe Dr. Fausto Humberto Alvarado, Ministro de la Justicia, JR. Scipión Llona, 350 - Miraflores - Lima, Perú, Fax: + 51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56. E-mail: webmaster@minjus.gob.pe
Dr. Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, JR Ucayali, 388, Lima, Perú. Tel. : + 51.1.426.78.00 / + 51.1.426 66 57. Fax: + 51.1.426.78.89, E-mail :defensor@ombudsman.gob.pe
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.
***
Ginebra-Paris, 10 de enero de 2006
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 20 11 / + 33 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
1 El 26 de noviembre de 1984, una patrulla conformada por 20 efectivos de la Guardia Civil y ronderos de la comunidad vecina de Incahuasi, irrumpió en Lucmahuaycco (distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, departamento de Cusco) con el objetivo de acabar con una columna de Sendero Luminoso, que supuestamente operaba en el lugar. Ingresaron a las viviendas, detuvieron a quienes encontraron: mujeres, hombres, ancianos y niños, y luego los asesinaron. Los cadáveres fueron enterrados posteriormente por los familiares. Un equipo forense de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constató la existencia de seis entierros clandestinos. Asimismo, los testimonios recogidos permitieron identificar a 34 victimas.
Durante el conflicto armado que vivió el país (años 1980 - 2000), en la provincia de La Convención, las comunidades más afectadas por la violencia fueron las ubicadas en la cuenca del valle del río Apurimac, debido a su estratégica ubicación geográfica, o sea por ser zona fronteriza con Ayacucho y Apurimac. Lucmahuaycco, caserío a tres días caminando de Quillabamba, estuvo en medio del fuego cruzado entre fuerzas armadas y grupos subversivos, siendo prácticamente arrasado. Muchas personas dejaron la comunidad y migraron a otros pueblos. En 2004, se registraban al menos 50 familias desplazadas, y en Lucmahuaycco, vivían sólo unas treinta familias.