Ante la gravedad de los hechos sucedidos los pasados días 5 y 6 de junio y de las distintas violaciones alegadas, y frente a la fuerte tensión que prevalece en el Perú al momento, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) envía una misión de urgencia a ese país esta semana.
En efecto, la FIDH está extremadamente preocupada por los enfrentamientos sucedidos en la ciudad de Bagua, en la zona norte del Perú, los días 5 y 6 de junio, que dejaron un saldo de al menos 35 personas fallecidas (25 policías y 10 personas indígenas, según las cifras oficiales).
Además, diversas organizaciones alegan que el número de víctimas mortales podría ser superior a las cifras oficiales. Se alegan también violaciones al derecho a un debido proceso y detenciones arbitrarias. Además, varias organizaciones han denunciado que los centros de salud de la zona no estarían suficientemente capacitados para atender a las decenas de heridos. Finalmente, se han denunciado atentados contra el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
La misión de la FIDH se desarrollará desde el martes 16 hasta el sábado 21 de junio, con el apoyo de sus organizaciones miembro en el Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL). Estará compuesta por el Dr. Stavenhagen, antiguo Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, y la Dra Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador. El objetivo de esta misión es reunirse tanto con los líderes indígenas como con las autoridades nacionales con el fin de tratar de contribuir a que las partes retomen el diálogo y la negociación. Por otra parte, la misión viajará a la zona de Bagua para así conocer de primera mano los graves hechos que acontecieron entre el 5 y 6 de junio y las eventuales violaciones de derechos humanos que se deriven.
CONTEXTO
Estas protestas se iniciaron hace dos meses ya que las comunidades indígenas de la Amazonía consideran que los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1081, 1083, 1089, 1090 y la Ley de Recursos Hídricos han sido aprobados sin su consentimiento a pesar de afectar sus territorios ancestrales, y por lo tanto en violación de la Constitución peruana y de la Convención N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La semana pasada, el Congreso decidió suspender dos de estos decretos.