Acoso contra el Instituto de Defensa Legal de parte de las autoridades gubernamentales y el Congreso de la República

08/09/2008
Comunicado

Ginebra-París, 8 de septiembre de 2008. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), manifiesta su seria preocupación por el acoso constante contra el Instituto de Defensa Legal (IDL), organismo de defensa de los derechos humanos, de parte de las autoridades gubernamentales y del Congreso de la República.

En efecto, el 3 de septiembre del 2008 el Jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, anunció en una sesión de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República la realización de una nueva fiscalización "integral" al Instituto de Defensa Legal, a pesar de que durante 2007 la APCI llevó a cabo dos acciones de fiscalización al IDL, cuyos resultados fueron absolutamente satisfactorios y en medio de los cuales no fue encontrado indicio alguno de irregularidad.

Se ha denunciado que este anuncio de una tercera fiscalización "integral" para ser realizada en menos de un año, desvirtúa las funciones legales de APCI y, en el actual contexto, pone al descubierto que este organismo pretende ser usado como herramienta de persecución y hostigamiento en contra de instituciones como el IDL u otras, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o en la lucha contra la corrupción.

Según los informes, desde hace varios meses se ha puesto en marcha una gran campaña mediática y a través de la APCI para atacar a los organismos de derechos humanos que se encuentran luchando contra la impunidad y también para que sea juzgado el ex presidente Alberto Fujimori.

Respecto a la lucha contra la impunidad y las trabas puestas a las organizaciones de defensa de los derechos humanos se destaca la resolución emitida por un Tribunal Peruano, en el que se señalaba que el caso del Frontón, ocurrido en junio de 1986 y por el cual se venía procesando a 22 efectivos de la marina de guerra del Perú, ya habría prescrito, sin observar que los delitos que allí se habían cometido son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. A este respecto, el 28 de agosto de 2008, se realizó en el Tribunal Constitucional la audiencia sobre la queja presentada por el Instituto de Defensa Legal contra la mencionada resolución.

Teniendo en cuenta todos estos hechos el Observatorio considera como una perturbación al trabajo de los defensores de derechos humanos, el anuncio del Jefe de la APCI de una nueva e inconstitucional fiscalización al IDL a partir de falsa y tendenciosa información aparecida en un diario y a pedido del primer Vicepresidente de la República y también congresista, almirante (r) Luis Giampietri. El Observatorio considera evidente que esta nueva fiscalización no tiene motivación técnica o circunstancial alguna, ni responde a las funciones legales de la APCI, sino que respondería a una campaña mediática y a una solicitud del actual Vicepresidente de la República, en el marco del hostigamiento contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Perú.

El Observatorio manifiesta su preocupación en cuanto a estos actos de persecución y hostigamiento contra instituciones como el IDL u otras, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.

El Observatorio pide además a las autoridades peruanas que tomen las medidas necesarias para acabar con esta situación de acoso contra el IDL ya que considera que dicho acoso constituye una traba para el buen funcionamiento del mismo, y solicita también que se tomen todas las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad personal de todos los miembros del IDL.

El Observatorio urge a todas las autoridades peruanas a que cumplan con su compromiso de proteger los defensores de derechos humanos tal como está previsto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2).


Contactos prensa:

OMCT: Eric Sottas: +41 22 809 49 39

FIDH: Gaël Grilhot: +33 1 43 55 25 18

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