La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Panamá, el Centro de Capacitación Social de Panamá (CCS), condenan los enfrentamientos y las restricciones arbitrarias a las libertades de asociación, expresión y manifestación que se están dando en el marco del conflicto surgido por las protestas contra la Ley 30 de junio de 2010, llamada « ley 9 en 1 ».
Esta ley portaba principalmente sobre la aviación pero se introdujeron, entre otros, disposiciones en materia penal, ambiental y laboral, estas últimas modificando las modalidades del derecho de huelga. Desde su aprobación se dieron manifestaciones y protestas en todo el país. La respuesta de las autoridades frente a la desaprobación popular se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, las numerosas detenciones y órdenes de detención adoptadas contra manifestantes, y en particular contra sus dirigentes, en todo el país. En la Ciudad de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, los enfrentamientos resultaron en la muerte de 2 personas, Virgilio Castillo y Martín Smith, miembro de la cooperativa Cobana, y más de 200 heridos, entre los cuales muchos con heridas de perdigones en los ojos.
La FIDH y el CCS consideran oportuno aprovechar el espacio de diálogo creado por el compromiso entre las partes en conflicto del 11 de julio de 2010, en el cual las autoridades panameñas y las « organizaciones sindicales, sociales y demás participantes de la lucha emprendida por el Pueblo de Changuinola, Bocas Del Toro », resolvieron dialogar y « mantener un clima de paz y de entendimiento hacia el futuro ». Se acordó también « postergar (…) la vigencia de los artículos 12,13 y 14 de la Ley 30 del 2010 (sobre derechos sindicales y derecho de huelga), hasta que se llegue a un acuerdo en un diálogo nacional » y el gobierno se « compromet(ió) a atender los problemas de las víctimas del conflicto (...) y (entregar) ayudas a las familias de las personas fallecidas » y a « liberar a todos los detenidos producto de las protestas a la Ley 30 de 2010, en la provincia de Bocas Del Toro, los cuales no serán procesados ni sancionados, incluyendo los dirigentes sindicales y demás participantes del movimiento ».
La FIDH y el CCS piden también la investigación de los hechos para que sean determinadas las responsabilidades por la muerte de 2 personas y por los heridos y que se juzguen y sancionen a los autores de estos hechos.
La FIDH y el CCS urgen a las autoridades panameñas a respetar las libertades de asociación, expresión y manifestación, así como el derecho a la vida y a la integridad física de los manifestantes. Asimismo recuerdan a las autoridades panameñas que deben actuar de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas de 1990 sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Es evidente que la Ley 9 en 1 es ampliamente rechazada por la población panameña, razón por la cual hacemos un llamado a las autoridades de la República de Panamá a revisar esta ley a fin de dejar sin efecto todas las disposiciones que no sean directamente relacionadas con la aviación.
Finalmente, la FIDH y el CCS llaman a las partes a dialogar para resolver el conflicto y llaman la atención del Presidente de la República, Sr. Martinelli para que tanto él como otros miembros de su gobierno se abstengan de descalificar las luchas sociales, inherentes a la defensa de los derechos humanos. El respeto de los mismos es lo que le da legitimidad a la democracia.