La FIDH solicita la derogación de la ley de reforma al código de recursos minerales

La FIDH expresa su preocupación por la aprobación de la reforma del Código de Recursos Minerales de Panamá, que atenta contra la seguridad ambiental, y denuncia la ausencia de consulta durante su discusión.

El pasado 10 de febrero fue aprobado por la Asamblea en tercer debate el proyecto de Ley N° 227, que establece reformas al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá, en medio de un proceso violatorio del derecho a la consulta previa e informada de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.

Este proyecto prevé, entre otros, la limitación del control ambiental sobre la minería, disminuyendo la competencia de la la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) al condicionar sus inspecciones al requerimiento previo de la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias. También impide que las instancias gubernamentales puedan suspender las actividades de las empresas mineras que no cumplen con sus responsabilidades ambientales.

Mediante esta reforma, el gobierno panameño apuntaría a atraer la inversión extranjera e iniciar la explotación de la mina de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes del planeta, ubicado en el occidente del país, donde viven las comunidades indígenas Ngóbe y Buglé.

Además del contenido de la Ley N° 227 y sus graves consecuencias ambientales, la FIDH considera como particularmente alarmantes las condiciones de su discusión, pues el proyecto fue elaborado a puertas cerradas, sin que se hiciera pública la información al respecto pese a las numerosas solicitudes formuladas por la sociedad civil. Tampoco se tomaron en cuenta las preocupaciones y reivindicaciones de las comunidades indígenas, sino que al contrario, se reprimieron las manifestaciones pacíficas destinadas a expresar el rechazo a esta reforma.

El 7 de febrero de 2011, en San Félix, provincia de Chiriquí, la Policía Nacional arremetió con gases lacrimógenos y perdigones contra las protestas realizadas por comunidades indígenas Ngóbe y Buglé, y detuvo a 19 personas, que después fueron liberadas. También resultaron heridos seis manifestantes a raíz de los incidentes violentos provocados por la represión.

«La FIDH insta a las autoridades panameñas a que garanticen el derecho a la manifestación pacífica, a que deroguen la ley de reforma al Código de Recursos Minerales y a que inicien un debate amplio y participativo entorno a la seguridad ambiental, de manera a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la participación ciudadana», dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH.

La FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades que legal y legítimamente ejercían su derecho a la manifestación pacífica.. Asimismo, denuncia la ausencia de un proceso de diálogo y la falta de consulta previa libre e informada en la discusión de la reforma al Código de Recursos Minerales, lo cual representa una seria vulneración del derecho a la participación de la población panameña, y expresa su preocupación por los impactos ambientales de la explotación minera.

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