Tras una semana de movilización, el 7 de febrero se llegó a un acuerdo entre el gobierno y las comunidades Ngöbe-Buglé, que luego de que el Ministerio de Seguridad ordenara un cierre total del área y la suspensión de la comunicación celular en la zona, bloquearon la carretera panamericana en San Félix, provincia de Chiriquí, para protestar contra el proyecto de Ley No. 415, en debate en la Asamblea, que de ser aprobado permitiría la explotación minera e hidroeléctrica en sus territorios.
Producto de la represión por parte de las fuerzas de seguridad falleció el manifestante Jerónimo Rodríguez Tugri. Decenas de personas habrían resultado heridas o sido detenidas, y las circunstancias de la muerte de una segunda persona, Mauricio Méndez, en el poblado de las Lomas, Provincia de Chiriquí, aún no se han aclarado.
«Rechazamos y condenamos el uso desproporcionado de la fuerza en contra de una concentración encaminada a exigir el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas», asertó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «La muerte de estas dos personas debe ser objeto de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial», agregó.
En este sentido, la FIDH urge a que se garantice el derecho a la integridad física y psicológica de los pobladores, el derecho a la protesta pacífica, y a que se investigue con celeridad la responsabilidad de la fuerza pública en la represión.
Asimismo, en el marco del proceso de diálogo, la FIDH insta a las autoridades panameñas a cumplir con las reivindicaciones de los indígenas, que forman parte del acuerdo firmado, entre ellas: la liberación inmediata y sin cargos de los manifestantes detenidos, el cese a la represión, el retiro de los antidisturbios y de la fuerza pública y la reconsideración del proyecto de Ley No. 415 en Primer Debate en la Asamblea.
Más generalmente, la FIDH solicita que las autoridades panameñas establezcan mecanismos efectivos de consulta y participación, de manera a respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades afectadas, tomando en cuenta la opinión de éstas, y entablen un debate nacional amplio entorno a la explotación de los recursos naturales y la seguridad ambiental.