La grave crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó con la represión del gobierno a las protestas sociales por las reformas al sistema de seguro social iniciadas el 18 de abril de 2018. A pesar de dar marcha atrás, el descontento popular con el gobierno de Ortega era tan grande que las protestas no cesaron. La FIDH pide la liberación de los prisioneros políticos detenidos y que a las ONG violentadas, entre ellas el CENIDH, le sean restituidos sus bienes y personería.
Desde esa fecha se han constatado muy graves violaciones a los derechos humanos, con un saldo hasta el momento de 325 personas asesinadas, más de 2500 heridas, y 762 prisioneros políticos, injustamente detenidos. Organizaciones estiman el desplazamiento forzado de aproximadamente 80 mil personas hacia Costa Rica desde el inicio de la crisis.
Y más recientemente, desde diciembre pasado el régimen Ortega-Murillo ha reforzado un régimen de miedo y terror para acallar a las voces que hacen frente y denuncian los excesos del gobierno, en particular, los medios de comunicación y las ONG. La principal institución de defensa de los derechos humanos, y organismo miembro de la FIDH en Nicaragua, el CENIDH, ha sido allanada y obligada a cerrar, junto a otras 8 organizaciones a quienes le ha cancelado su personería jurídica. Del mismo modo, al menos 67 periodistas han tenido que abandonar el país.
“Las condiciones en las cuales se mantiene a los prisioneros políticos son degradantes, además de las torturas y restricción de acceso a medicamentos, solo se les permite ver la luz durante 1 hora al mes, a diferencia de los otros prisioneros, lo cual es completamente inhumano. Y muy recientemente se ha condenado a 3 líderes campesinos a 550 años de prisión en juicios secretos y sin pruebas”
A pesar de los esfuerzos y denuncias de múltiples organismos locales y de la comunidad internacional, actualmente la situación en Nicaragua mantinene la misma violencia. El terror y el miedo también persisten, sin embargo la repercusión mediática y el eco internacional de la violencia han disminuido por el temor a las represalias.
Luego de más de 10 meses de violenta represión , esta situación debe parar.
Para contribuir a la movilización, este 26 de febrero la FIDH junto a sus organismos miembros nos movilizaremos frente a las embajadas de Nicaragua exigiendo que los derechos violados sean restituidos. Desde la FIDH exigimos al régimen Ortega-Murillo la liberación inmediata de los prisioneros políticos asi como la restitución de los bienes y personería jurídica del CENIDH y de las otras organizaciones. Nicaragua no está sola.
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