El 40º Congreso de la FIDH considerando que:
Desde abril de 2018, en Nicaragua se agravó la crisis de derechos humanos que ha dejado como resultado al menos 327 asesinatos que permanecen en la impunidad, más de 70 mil exiliados, cientos de heridos, presos políticos, torturas y secuestros, así como la persistente violación de las libertades públicas y el establecimiento de un estado de terror caracterizado por el uso excesivo de las fuerzas policiales y parapoliciales.
Como parte de su política autoritaria, el régimen del Presidente Daniel Ortega y su esposa Yolanda Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, expulsaron del país a misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) que daban seguimiento “in loco” a la severa crisis sociopolítica y de derechos humanos del país; así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que constató y responsabilizó al Estado por la ejecución de crímenes calificados de lesa humanidad.
El patrón de violencia gubernamental incluye la persecución, acoso, hostigamiento y estigmatización de las y los defensores de derechos humanos que han visto restringido su derecho a defender derechos. Uno de los blancos de las agresiones ha sido la organización afiliada a la FIDH, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a quien arbitrariamente le fue despojada su personería jurídica, sus bienes fueron usurpados y sus integrantes perseguidos.
El 12 de julio de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Nicaragua, adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger a los integrantes del CENIDH y de la CPDH, reconociendo la grave situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua.
Por tanto, el 40º Congreso de la FIDH:
– Condena la brutal represión y la violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos de la población en Nicaragua por parte del Régimen Ortega-Murillo.
– Exige al Estado nicaragüense el cese inmediato de la persecución a los organismos de defensa de derechos humanos, así como la devolución de la personería jurídica y los bienes al CENIDH, así como a las otras ocho organizaciones no gubernamentales a las que les fue arrebatado.
– Demanda a la OACNUDH y a la CIDH mantener la vigilancia sobre el régimen Ortega Murillo y monitorear la persistente represión que han desatado en Nicaragua.
– Demanda a la comunidad internacional mantener y acelerar la presión sobre el régimen de Nicaragua y tomar las medidas necesarias que permitan parar las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos, y juzgar y sancionar a sus responsables, aplicando incluso sanciones individuales contra ellos como lo han venido haciendo algunos Estados.