El 8 de marzo de 2021, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y Vice Presidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pronunciaron un discurso para celebrar el Día Internacional de los derechos de las mujeres.
Durante su discurso, Daniel Ortega acusó las organizaciones de la sociedad civil de lavar dinero “para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras” contra su régimen. También se refirió a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020, y a las organizaciones que piden sanciones contra el régimen nicaragüense: “Los que viven pidiendo sanciones, los que reciben dinero que se lava a través de esos organismos, que los llaman ONG, que lavan dinero, ya tenemos leyes sobre eso. Tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado desde hace años y todavía desde hace poco, miles y miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror”. El Observatorio recuerda que esta ley, que fiscaliza las actividades de personas y de ONG recibiendo fondos del extranjero, constituye una restricción inaceptable de la libertad de asociación, un derecho fundamental de carácter universal, consagrado en numerosos tratados y normas internacionales [1], y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua.
Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de nueve organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, incluidos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización miembro de la FIDH y OMCT. Un día después, el 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional allanó de forma arbitraria y violenta sus instalaciones y el periódico Confidencial, obstaculizando su labor y en violación a su derecho fundamental a la libertad de asociación y de expresión.
El presidente Ortega también aseguró que la libertad de expresión es total en el país: “Aquí hay libertad de expresión. [...] Aquí cualquiera dice lo que quiere en las Redes, en sus páginas”. Estas declaraciones contrastan con la dispersión violenta de la conferencia de prensa mantenida el 14 de diciembre de 2020 por un grupo de periodistas y de integrantes del CENIDH frente a las instalaciones del periódico Confidencial, quienes fueron agredidos por la Policía Nacional.
Desde esta intervención, han circulado en las redes sociales, especialmente en Whatsapp y Facebook, algunas imágenes y vídeos contra varias organizaciones de la sociedad civil y sus miembros, entre ellos el CENIDH y su presidenta Vilma Núñez, calificándolos de "enemigos del pueblo", dañando su dignidad, así como la reputación de esta defensora con más de 60 años de promover y defender los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
El Observatorio condena firmemente estos ataques y la estigmatización de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses.
El Observatorio exhorta a las autoridades de Nicaragua a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos, así como a tomar medidas para garantizar la libertad de asociación y expresión en el país, de acuerdo con las normas internacionales pertinentes.
Finalmente, el Observatorio expresa su preocupación por las leyes recientemente aprobadas e insta al Estado de Nicaragua a que derogue o modifique toda legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación y que pueda impedir el accionar de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.