Nuestras organizaciones expresan su profunda preocupación frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua en el marco de la represión de la protesta social.
Desde el 18 de abril de 2018 cuando iniciaron las manifestaciones hasta la fecha, al menos 154 personas han sido asesinadas en el contexto de la represión gubernamental y más de 1.300 personas han sido heridas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en el Informe Preliminar de su visita de trabajo realizada a Nicaragua del 17 al 21 de mayo [1], dio cuenta de la respuesta represiva a las protestas por parte de la Policía Nacional, sus grupos antimotines y grupos parapoliciales, del uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, y de posibles ejecuciones extrajudiciales. La CIDH también reportó la censura a la prensa, las detenciones masivas y arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos por las personas detenidas, y las amenazas que pesan sobre las personas defensoras de los derechos humanos.
Si bien el 30 de mayo de 2018, el gobierno nicaragüense aceptó la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes – GIEI, mecanismo de investigación internacional propuesto por la CIDH y la Secretaría General de la OEA sobre los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril de 2018, ese mismo día, la Policía Nacional y grupos parapoliciales arremetieron contra la marcha pacífica en apoyo a las Madres de Abril, con un saldo de 15 personas muertas y 199 personas heridas. Esto marcó el recrudecimiento de la violencia y represión en Nicaragua por parte de la Policía Nacional y de grupos parapoliciales, con nuevas víctimas mortales cada día.
Se espera que hoy 15 de junio se reanude el Diálogo Nacional, cuando la Conferencia Episcopal de Nicaragua dé a conocer la propuesta presentada al gobierno, y la respuesta presidencial a la misma.
Sin embargo, pese a las recomendaciones formuladas por la CIDH al finalizar su visita a Nicaragua y las reiteradas solicitudes de la comunidad internacional, el gobierno no ha cesado la represión desatada contra la población civil.
Tras la Declaración adoptada por la 48a Asamblea General de la OEA, la cual si bien promueve el diálogo y el establecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, no hace referencia expresa a la represión ejercida por el gobierno nicaragüense, nuestras organizaciones instan a los Estados miembros de la OEA a pronunciarse públicamente y con firmeza para condenar las graves violaciones de derechos humanos cometidas, así como para exigir el cese inmediato de la represión estatal en Nicaragua.
De igual forma, nuestras organizaciones instan a los Estados miembros de la OEA a monitorear de cerca los avances del Diálogo Nacional, y en caso de una nueva suspensión del mismo, solicitar al Secretario General de la OEA que convoque una reunión urgente del Consejo Permanente, con el fin de promover una salida pacífica y negociada a la grave crisis política y social que atraviesa el país.
Con nuestra mayor consideración y estima,
Dimitris Christopoulos
Presidente de la FIDH