El pasado miércoles 15 de febrero de 2023 el Tribunal de Apelaciones del Complejo Judicial Central de Managua acusó y condenó, sin juicio previo a Vilma Núñez de Escorcia, junto a 93 personas más, por “traición a la patria”. Esa misma decisión revocó sus nacionalidades nicaragüenses de forma permanente, les inhabilitó el ejercicio de cargos públicos y se ordenó el decomiso de sus bienes a favor del Estado de Nicaragua. Dentro de las 94 personas, se encuentran reconocidas personas de la sociedad civil y artística de Nicaragua, quienes desde 2018 han alzado la voz por los derechos humanos y la democracia en Nicaragua.
La casi totalidad de ellos, están fuera de Nicaragua habiendo tomado la dolorosa decisión de salir del país para salvaguardar su integridad. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos - CENIDH desde 1990 hasta la fecha, permanece en Nicaragua reivindicando su derecho a defender las victimas de violaciones de derechos humanos y a exigir una transición democrática. Frente a esta nueva situación, la FIDH pide que se garantice su integridad y seguridad. Defensora de derechos humanos desde hace más de 60 años, cuando se confrontó a la dictadura de Somoza, sobrevivió a la Masacre Estudiantil del 1959. Encarcelada, torturada y procesada por un Tribunal Militar en esa eṕoca, luego llegó a ser una de las primeras mujeres magistradas en las Altas Cortes de Nicaragua y durante 10 años Vice Presidenta de la FIDH.
«Es aberrante el nuevo giro que ha tomado el régimen Ortega Murillo. La comunidad internacional debe condenar la conducta arbitraria y absolutista del Estado. Tomará tiempo pero no quedarán en la impunidad las actuaciones de estos policías, funcionarios y jueces que burlan el Estado de Derecho y la dignidad de los nicaragüenses.»
«La FIDH se moviliza hoy y siempre. Los defensores nicaragüenses de derechos humanos pueden contar con nuestro apoyo incondicional y los regímenes autoritarios pueden contar con nuestra persistencia implacable para garantizar que habrá justicia y solidaridad.»
La FIDH resalta que la nacionalidad constituye un derecho inderogable y su privación arbitraria en este caso es una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La actuación por el Tribunal de Apelaciones continúa un claro y grave camino de criminalización y hostigamiento de la sociedad civil en Nicaragua por parte del régimen Ortega-Murillo.
La FIDH solicita a la comunidad internacional a denunciar esta situación, así como a continuar el monitoreo cercano de la situación en Nicaragua, en particular en relación a Vilma Núñez de Escorcia y las otras personas que siguen en Nicaragua, asegurando que se respete su libertad y su integridad física y psicológica; así como a renovar y endurecer la Resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.