Ginebra, 10 de septiembre de 2024. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) rechaza la arbitraria decisión del régimen de Ortega de privar de la nacionalidad a las y los ciudadanos nicaragüenses desterrados el 5 de septiembre y de privarles de sus bienes y derechos, como lo anunció la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua el 9 de septiembre.
Como en los precedentes casos de privación de nacionalidad en Nicaragua, esta decisión se da sin un proceso, sin dar a conocer las resoluciones judiciales y sus argumentos, sin notificarle a las víctimas. Estas acciones vulneran de manera explícita la normativa internacional de derechos humanos, e incluso la Constitución nicaragüense, que prohíbe privar de la nacionalidad a las personas nacidas en Nicaragua. Todo alrededor de esta aberrante decisión es inédito en la región y supone una gravísima violación para los derechos fundamentales de cientos de personas por ello debe ser condenado firmemente por la comunidad internacional.
Hoy ya son 452 personas nicaragüenses privadas arbitrariamente de su nacionalidad. Desde febrero de 2023, cuando el régimen empezó a aplicar esta trágica sanción, el régimen ha señalado como opositores a personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la iglesia, y familiares de personas victimas del gobierno autocrático de Ortega. La ilegalidad de esta decisión y algunos de los graves impactos en los derechos humanos fueron tratados en nuestro informe de diciembre de 2023: “Destierro y Muerte Civil. Graves impactos de la privación arbitraria de la nacionalidad a personas que defienden derechos humanos y se oponen a la dictadura en Nicaragua.”
Todas estas personas quedan en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la exigibilidad de sus derechos ya que, de facto, el régimen las ha convertido en apátridas, y si bien la mayoría de ellas se encuentran fuera de Nicaragua, desterradas o exiliadas forzadamente, otras se encuentran aún en Nicaragua, en estado de indefensión total.
Por ello, la FIDH insiste, como lo hizo ayer con su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en llamar a la comunidad internacional a continuar sus esfuerzos para que cese la represión en Nicaragua y que todas las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad denunciados ampliamente por la sociedad civil, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos de derechos humanos para Nicaragua de Naciones Unidas, no queden en la impunidad.
Igualmente, la FIDH llama a la comunidad internacional a continuar sus esfuerzos para lograr la liberación de todas las personas presas políticas, para que el Régimen nicaragüense restaure la nacionalidad y sus bienes a las 452 personas privadas arbitrariamente de ellas, y en particular, a los Estados a que apoyen a las personas desterradas y exiliadas forzadamente que se encuentran en sus territorios.