Estas condenas solo persiguen criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. El 1 de febrero fueron enjuiciados y condenados Yaser Vado y Yader Parajon, cuyo hermano fue asesinado en las manifestaciones de 2018. El 2 de febrero fue enjuiciada y condenada Ana Margarita Vijil, abogada y reconocida defensora de derechos humanos. El 3 de febrero, fue el turno de Dora Maria Tellez, líder de la revolución sandinista y Lesther Alemán, líder estudiantil de las manifestaciones de 2018. El 4 de febrero, fue condenado el periodista Miguel Mora, quien se había declarado candidato presidencial. Todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente y condenadas bajo el mismo delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
Estos juicios son ilegales y no respetan los estándares mínimos del debido proceso: se llevan a cabo en un complejo policial y no en un Juzgado como exige la ley, las instalaciones son altamente militarizadas, se ha violado de forma flagrante el derecho a la defensa, los abogados y abogadas no han tenido acceso a todo o parte de los expedientes y tampoco han logrado conversar libremente con las personas detenidas, las audiencias son a puerta cerrada, pues solo le han permitido la asistencia a un familiar, los cargos no tienen fundamentos fácticos, ni legales, el Estado se ampara en normas arbitrarias y altos funcionarios, incluido Daniel Ortega, violan regularmente la presunción de inocencia de los presos en declaraciones públicas.
La FIDH recuerda que 1614 personas fueron detenidas en el contexto de la represión sistemática ejercida desde abril de 2018, según conteo de la CIDH. Posterior a la Ley de Amnistía que permitió la excarcelación de la mayoría, varios fueron arrestados por segunda vez y actualmente hay 167 presas y presos políticos en Nicaragua. Mediante un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense, denunciado por la FIDH en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en su informe “Las nuevas leyes de la represión” publicado en noviembre de 2021, desde mayo de 2021, han sido detenidas 43 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo siete pre-candidatos presidenciales. Estas personas se encuentran detenidas en condiciones constitutivas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos el cual el Estado de Nicaragua está obligado a respetar.
La FIDH urge a las autoridades de Nicaragua a poner fin a todos estos juicios políticos así como a todo tipo de ataque y hostigamiento ejercido contra los presos y presas políticas, y a liberarlos de manera inmediata.