El día de ayer inició el Diálogo Nacional mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con la participación de representantes del sector empresarial, de las universidades, de las ong, del gobierno, del mismo Presidente Daniel Ortega y que se cerró con la voz fuerte de los estudiantes, exigiendo salidas concretas a la crisis social que vive Nicaragua. Es importante que este diálogo pueda llevarse a cabo con todas las garantías, pues se ha convertido en el único espacio que ha logrado crear confianza y credibilidad en el pueblo nicaragüense.
“Solicitamos al Gobierno de Nicaragua que ordene y garantice el cese de toda forma de represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos afines al gobierno contra los manifestantes en todo el país, como una primera medida para garantizar que el Diálogo Nacional pueda darse”
Desde hace un mes la fuerte represión ejercida por fuerzas de seguridad de Nicaragua contra manifestantes ha dejado como saldo más de 45 muertos como lo denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH, organismo de la FIDH en Nicaragua, en su informe del 8 de mayo de 2018. [1] La represión ha dejado igualmente numerosas personas heridas, más de 400 los primeros 5 días de protesta, así como la detención masiva de jóvenes, según la Cruz Roja. [2]
Una de las condiciones para iniciar el Diálogo y que fue aprobada por el Gobierno, fue la de aceptar la presencia de la CIDH en Nicaragua. El día de hoy empieza la visita de la Comisión de Trabajo de la CIDH con la presencia de tres de sus comisionados para observar en el terreno la situación de los derechos humanos.
“Saludamos que el Gobierno haya manifestado su apoyo a la CIDH durante la visita y esperamos que ese apoyo perdure en el tiempo, para que la CIDH pueda realizar un monitoreo constante y profundo de la situación de derechos humanos, y que la misma se extienda a los representantes de los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas”
Finalmente la FIDH solicita que se brinden garantías de no criminalización de la protesta social, se investigue y juzgue con garantías de independencia, imparcialidad, debida diligencia y permitiendo la observación internacional, a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de las protestas. Asimismo debe garantizarse la labor de defensa de los derechos humanos y el libre ejercicio de la libertad de prensa sin represalias de ninguna índole.