Sr. Daniel Ortega
Presidente de la República
Sr. René Núñez Tellez
Presidente de la Asamblea Legislativa
Sra. Alba Luz Ramos
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Señores y Señora,
La FIDH expresa su profunda preocupación por la aprobación en la Asamblea Legislativa en fecha del 25 de septiembre de 2013 de la reforma de la Ley 779, o Ley Integral en contra de la violencia hacia las mujeres, en lo que atañe al establecimiento de la figura de la mediación, pues favorece la impunidad de los responsables de estos delitos, en flagrante violación de las obligaciones internacionales adquiridas por Nicaragua.
La entrada en vigencia de la Ley 779, fruto de años de lucha de los movimientos de mujeres y de la sociedad civil, representó un avance mayor en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en Nicaragua. Hoy día, nos dirigimos a Ustedes para manifestar nuestro profundo desacuerdo e indignación ante la reforma del artículo 46 de la referida Ley. Pues es hacer prueba de un grave desconocimiento de la realidad de la violencia contra las mujeres prever una figura de mediación en tales casos.
Dicho artículo establece que «la mediación sólo procederá en los delitos menos graves». No obstante, de ninguna manera se puede considerar a los delitos de «violencia física si se provocan lesiones leves» como un delito menos grave, que según esta reforma, sería entonces objeto de mediación. Tampoco los delitos de «violencia psicológica si se provoca daño a la integridad psíquica que requiere tratamiento psicoterapéutico», «violencia patrimonial y económica», «intimidación o amenaza», «sustracción de hijos e hijas», «violencia laboral» y «violencia en el ejercicio de la función pública» pueden ser considerados o interpretados como delitos menos graves y beneficiar de una mediación, sino que los responsables de tales hechos deben ser debidamente investigados, juzgados y sancionados.
La violencia de género en Nicaragua ha alcanzado proporciones desmedidas. Como lo han subrayado las instancias internacionales, Nicaragua debe tomar todas las medidas para luchar contra este flagelo y poner fin a la impunidad de los crímenes perpetrados contra las mujeres. Sin embargo, la figura de mediación en estos casos sólo puede favorecer su repetición.
Recordando que Nicaragua es un Estado parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde 1981 y que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación general N°19 de 1992, establece la obligación de los Estados de tomar medidas contundentes para luchar contra la impunidad de los crímenes perpetrados contra las mujeres, les instamos, Sres. Presidente de la República, Presidente de la Asamblea Legislativa y Sra. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a reconsiderar su decisión y a abrogar la figura de la mediación prevista en esta reforma, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas por Nicaragua. En particular, Sr. Presidente de la República, consideramos que Usted es quien más tiene la responsabilidad y oportunidad de corregir el daño, ya que según el proceso de formación de las leyes, le corresponde la facultad de vetar una ley cuando la Asamblea se la envía para su sanción y publicación.
Agradeciendo su atención a la presente y esperando que Ustedes tomarán las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Ustedes respetuosamente.
Karim Lahidji, Presidente de la FIDH