Washington DC, 15 de marzo de 2022. “En Nicaragua se ha institucionalizado la impunidad. No dejan de ocurrir situaciones arbitrarias todos los días y no hay instancias independientes a las cuales recurrir. No hablamos sólo de los asesinatos y todas las violaciones de derechos ocurridas en el 2018. Se trata de una impunidad sostenida”. Con estas palabras cerró la Dra. Vilma Núñez de Escorcia su participación en la audiencia pública Situación de los derechos humanos en un contexto de impunidad en Nicaragua, que tuvo lugar este lunes en el 183 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Dra. Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) fue parte de una delegación que incluyó a representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres, Urnas Abiertas, el Centro de Derechos Civiles y Políticos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. La audiencia tenía como objetivo brindar información actualizada sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en el país en un contexto de total impunidad y demandar el establecimiento de mecanismos especiales que permitan monitorear y registrar estos hechos.
Al respecto, el señor Andrés Sanchez, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó que “la rendición de cuentas es el núcleo del Estado de derecho y que la primera obligación del Estado nicaragüense es rendir cuentas por todas las violaciones cometidas desde el inicio de la crisis (abril del año 2018)”, y que el Derecho Internacional tiene mecanismos para este fin.
Por su parte, la Relatora de la CIDH para Nicaragua, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, lamentó la ausencia de una representación estatal en la audiencia, lo cual reitera la negativa a cualquier diálogo por parte del régimen Ortega Murillo y llamó la atención sobre la responsabilidad de la comunidad internacional. “El derecho internacional nos da herramientas para que la situación de Nicaragua sea atendida. Las medidas tienen que ser extraordinarias, así nos las han pedido las organizaciones”, recalcó.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, expresó su empatía y preocupación por el “despliegue de esfuerzos institucionales” orientados a cerrar el espacio público, a criminalizar a las voces críticas, a la prensa y las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Según Vaca, en las recientes condenas “hay suficientes elementos para dudar de la imparcialidad de las garantías procesales, de los derechos de defensa” y esto es de mucha preocupación para la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) porque son claras sanciones a la expresión en asuntos públicos.
En este sentido, las organizaciones peticionarias en esta audiencia, que son miembros del Colectivo 46/2 -una coalición de 21 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos- vienen abogando ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la instalación de un Mecanismo Internacional de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua, que permita monitorear e investigar las graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos cometidas desde abril 2018, de cara a futuros procesos de justicia y sanción de las personas responsables.