El 2 de abril de 2011, miembros de la brigada antimotines de la Policía Nacional impidieron el acceso a la marcha convocada en Managua por varias organizaciones de la sociedad civil contra la candidatura del Presidente Ortega a la reelección en los comicios previstos para noviembre de 2011. Al intentar llegar al punto de inicio de la marcha, Norwin Solano Mairena, Georgina del Socorro Ruiz, Marlin Sierra Palma, Maria José Escobar y Brenda Rojas, integrantes del CENIDH, fueron agredidos por miembros de las fuerzas especiales que obstaculizaban la vía de acceso. También fueron reprimidos por la fuerza policial Byron Rivas y Jairo Contreras de la Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional así como la Diputada Mónica Baltodano, David Campos, Glenda Orozco y Olivia Delgado Flores. Rodrigo Rodríguez, periodista del Semanario Confidencial, fue detenido por la autoridad policial y obligado a borrar los archivos de la cámara fotográfica con la que daba cobertura a la concentración convocada por la Juventud Sandinista sobre la ruta prevista para la marcha contra la reelección. Otros periodistas de El Nuevo Diario fueron expulsados de manera violenta del lugar. También resultaron lesionados varios policías.
«Tales actos son constitutivos de una violación a la integridad personal, a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica», denunció Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. Esta represión resulta particularmente preocupante en el contexto electoral actual, pues evidencia la ausencia de voluntad de diálogo por parte de las autoridades con los sectores de oposición y su afán de acallar las voces críticas.
Lo ocurrido se suma a los repetidos actos de intimidación sufridos en el pasado mes de marzo por varias organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentra el CENIDH, pese a las medidas cautelares dictadas desde noviembre de 2008, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los miembros de la organización.
La FIDH teme que esta tendencia a la obstaculización y represión de las marchas y concentraciones convocadas por la ciudadanía que se opone a la reelección del Presidente Ortega se incremente en los próximos meses. Por lo tanto, insta a las autoridades nicaragüenses a que investiguen estos hechos, a que implementen las medidas cautelares a favor del CENIDH, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la CIDH en su 141° período de sesiones, y a que respeten y garanticen el derecho a la manifestación pacífica, de manera concordante con sus obligaciones internacionales.