RESOLUCION SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS EN NICARAGUA, ADOPTADA POR EL CONGRESO DE LA FIDH EN EREVAN

11/04/2010
Comunicado
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RESOLUCION SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS EN NICARAGUA

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en Erevan, durante los días 6-10 de abril de 2010 en su 37° Congreso Mundial, hace pública su preocupación por las reiteradas violaciones a los derechos civiles y políticos por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega.

Considerando:

1.Que en los tres años de gobierno del Presidente Daniel Ortega, Nicaragua ha experimentado retrocesos importantes por cuanto hace al derecho de elegir y ser elegido, participación ciudadana; libertad de expresión, manifestación y asociación.

2.Que bajo la promesa de llevar bienestar a las mayorías, el gobierno y el partido en el poder, identificados entre sí, impulsan un proyecto que amenaza la continuidad de la democracia incumpliendo de manera flagrante y hasta la fecha, impune, el requisito de respetar la voluntad popular expresada en los comicios municipales y ha impuesto diversas restricciones y obstáculos para el pluralismo político, a las formas de participación ciudadana previstas en la Ley de Participación Ciudadana y a otras formas legítimas de participación por considerarlas críticas del modelo que se desea imponer.

3.Que el clamor por la reforma a la Ley Electoral ha sido desatendido para mantener el orden establecido en el que el F.S.L.N. y el P.L.C. imponen el bipartidismo a partir de un pacto que ha prescindido del ciudadano por más de una década.

4.Que la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista y del Partido Conservador y la falta de resolución a los recursos legales interpuestos han impedido su participación en los procesos electorales.

5.Que el pacto político entre caudillos ha tenido efectos muy negativos para los poderes del Estado y el sistema de frenos y contrapesos establecido constitucionalmente.

6.Que el afán continuista del Presidente Ortega amenaza la competitividad de los comicios del 2011 y la alternabilidad en el poder tan aconsejable si tenemos en cuenta la historia de Nicaragua.

7.Que en estos años los medios de información han sido sometidos a diversas formas de coacción en detrimento de la libertad de expresión, como son las medidas legislativas para limitar la exención de impuestos establecida constitucionalmente en 1995; al cierre como ocurrió en el caso de la Radio La Ley; a interferencias como ocurrió en el caso de las radios Corporación y 15 de septiembre así como a otras amenazas que han resultado efectivas para algunos medios televisivos que han optado por censurarse por temor a las represalias.

8.Que la libertad de expresión del nicaragüense como individuo ha sido desalentada recurriendo a las amenazas y en casos concretos, a las agresiones como fue el caso de la dirigente de la Coordinadora Civil, Leonor Martínez quien el 22 de octubre de 2009 por oponerse a la reelección y ejercer sus derechos a la libre expresión y de participación ciudadana fue brutalmente golpeada y amenazada de muerte por las fuerzas paraestatales que operan impunemente.

9.Que son reiteradas las violaciones a la libertad de manifestación, siendo numerosos los casos en los que marchas cívicas han sido agredidas por fuerzas paraestatales que cuentan con la protección y los recursos del partido en el poder, sin que la Policía haya logrado prevenir ni impedir dichas agresiones e investigarlas debidamente, remitiendo lo investigado a la autoridad competente.

10.Que las múltiples solicitudes que ha formulado la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Nicaragua invite al Relator para Nicaragua, Comisionado Felipe González a visitar el país han resultado infructuosas ya que el Estado no define la fecha en la que procedería la visita de la Honorable Comisión.

11.Que la labor de incidencia de distintas organizaciones no gubernamentales ha merecido también la represalia gubernamental, sometiéndoles a diferentes agresiones y amenazas e incluso, en determinados casos, a investigaciones sin fundamento por parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público que buscaban obstaculizar su quehacer, como ocurrió en el caso de CINCO, del MAM y otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

12.Que la labor de los defensores de derechos humanos se ha visto obstaculizada y amenazada por ataques verbales frecuentes de autoridades de gobierno, por la agresión física de parte de las fuerzas paraestatales al servicio del partido de gobierno y por procesos judiciales abiertos como represalia. Por cuanto hace al CENIDH, las reiteradas agresiones y amenazas contra la Doctora Vilma Núñez De Escorcia, Presidenta del CENIDH y del equipo ameritaron que la Comisión Interamericana de derechos humanos solicitara al Estado de Nicaragua adoptar medidas cautelares a favor de la Doctora Núñez y del equipo, existiendo a la fecha incumplimiento del Estado respecto de convenir con los beneficiarios los términos en los que dichas medidas debían prestarse. De igual forma, el Estado de Nicaragua ha incumplido con el deber de investigar y sancionar la agresión de la que fue objeto el equipo del CENIDH el 16 de octubre de 2008 mientras acompañaba a la Coordinadora Civil a una citatoria en el Ministerio Público, a pesar de estar plenamente identificado uno de los principales agresores y no sancionó a los responsables de los daños a la casa de habitación de la Doctora Núñez en la ciudad de León.

13.Que el gobierno de Nicaragua ha ejecutado una política de agresiones verbales y a través de fuerzas paraestatales, agredido físicamente a defensores de derechos humanos y que en general, muestra una menor apertura a la fiscalización que supone la labor de los defensores, lo que ha quedado manifiesto en la negativa de aprobar las visitas de los organismos de derechos humanos a los centros penitenciarios, con lo cual está incumpliendo la recomendación del Comité contra la Tortura sobre el particular.

El Congreso de la FIDH,

Condena las múltiples y diversas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua contra la libertad de expresión en su dimensión individual como respecto de los medios de comunicación.

Exige al gobierno nicaragüense respetar la libertad de expresión y de manifestación sustituyendo la política de agresión e intolerancia hacia las expresiones críticas por una de amplio respeto por los derechos civiles y políticos.

Exige al Estado de Nicaragua que los responsables de tales violaciones sean juzgados y sancionados de conformidad con la ley.

Insta al Estado de Nicaragua a garantizar, la independencia de las autoridades judiciales y a cesar la persecución institucional emprendida contra ciudadanos y empresas de radio, televisión y medios escritos que intentan ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente.

Demanda al Estado de Nicaragua una revisión imparcial de los resultados del proceso electoral municipal de 2008 para atribuir la representación en los gobiernos municipales a quienes por derecho les corresponde.

Exhorta al Estado de Nicaragua a preparar las condiciones para que las elecciones generales de 2011 sean transparentes y respetuosas de la voluntad popular. Lo anterior sólo será posible eligiendo a Magistrados electorales idóneos y si se realizan oportunamente las reformas electorales recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del caso Yatama Vs. Nicaragua, del 23 de junio de 2005.

Demanda al Estado de Nicaragua permitir las visitas de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a los centros penitenciarios para inspeccionar las condiciones de detención y el trato que reciben los reclusos.
Insta al Estado de Nicaragua a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar el amplio respeto a los derechos reconocidos en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 53/144.

Particularmente, exhortamos al Estado de Nicaragua a cumplir con la adopción de medidas cautelares en la forma prescrita por la Comisión Interamericana e investigar y sancionar a los responsables de las agresiones contra defensores ya que la impunidad favorece condiciones de mayor inseguridad.

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