En la tarde del 18 de noviembre, cuarenta personas encapuchadas y armadas irrumpieron en las instalaciones de Radio Darío, Radio Metro Stereo y Radio Caricias, en la ciudad de León. Intimidaron al personal de los medios y destruyeron todo a su paso. Se señalaron también daños a la propiedad de los medios de televisión.
Ya en el marco de las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado, varios periodistas habían sido agredidos. Entre ellos David Rivera del Canal 12 de TV, Nicolás Berríos de Nueva Radio Ya, Octavio Sevilla de Radio Ya y Marlon Flores, camarógrafo de Canal 23. Preocupa profundamente también la quema del vehículo en que se movilizaba el periodista Nicolás Berríos, en la madrugada del 12 de noviembre.
En el contexto del desarrollo del proceso electoral, al menos veinte profesionales de la comunicación han sido agredidos y lesionados: Antenor Peña, Rosa María Maliaños, Nicolás Berríos, Alvaro Montalbán, Irvin Guerrero, Yahoska Alvarez, Fabio Gadea Mantilla, Miguel Alvarez, Sheyla Cano, Osbaldo Rivas, Jessica Caldera, Iván Olivares, Héctor Rosales, Yader Montoya, Kastalia Zapata, Juan José Toruño y Albert Poveda, Ary Neil Pantoja, Manuel Esquivel y Octavio Sevilla.
Según los relatos de los hechos, dirigentes políticos del partido de gobierno habrían encabezado las agresiones dirigidas hacia los periodistas lo cual se considera muy grave. Estos hechos vandálicos deben ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para que se investiguen a fin de juzgar y sancionar a los responsables.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que […] «la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. [...]Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre» (La Colegiación Obligatoria de Periodistas, OC-5/85, 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, § 30, reiterado en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, 2 de julio de 2004, §112).
Estos hechos violentos son el resultado de la polarización promovida desde las más altas esferas del Estado, incluyendo el propio Presidente Daniel Ortega. La situación ha sido tan grave que la CIDH se ha visto en la obligación de decretar medidas cautelares en beneficio de defensores de derechos humanos, lo cual, hasta la fecha, solo en pocas ocasiones se había producido.
La FIDH urge al gobierno de Nicaragua y sus autoridades a que llamen al cese inmediato de la violencia y que tomen medidas urgentes para pacificar la situación, apegándose a los principios de derechos humanos que vinculan a Nicaragua. Se insta también al gobierno de Nicaragua a que reconozca públicamente la labor de los periodistas en su conjunto. Dirige asimismo un llamado a la población nicaragüense en su conjunto a que no recurra a la violencia. Los derechos deben ser reclamados por la vía cívica y no por la violencia.