El 24 de marzo de 2010, el diario La Prensa publicó en sus páginas la desestimación de la acusación interpuesta contra las Sras. Ana María Pizarro, Juana Antonia Jiménez, Lorna Norori Gutiérrez, Martha María Blandón, Luisa Molina Arguello, Martha Mungía Alvarado, Mayra Sirias, Yamileth Mejía Palma y Violeta Delgado Sarmiento.
Las nueve dirigentes de organizaciones y redes de defensa de los derechos humanos, como la Red de Mujeres contra la Violencia, el Movimiento Feminista, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia en Nicaragua, y la Campaña 28 de Septiembre fueron denunciadas, junto con otras organizaciones, en octubre de 2007 por el Sr. Roberto Petray, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), organización presidida por el Obispo Abelardo Matta, Jefe de la Iglesia Católica y dirigente del movimiento antiabortista de Nicaragua por “delitos contra la administración pública”, “encubrimiento del delito de violación”, “asociación ilícita para delinquir” y “apología del delito”.
Las acusaciones interpuestas contra estas nueve defensoras se dieron tras su acompañamiento en el aborto terapéutico de “Rosita”, niña nicaragüense de nueve años violada por su padrastro. Paralelamente a este acompañamiento, las nueve mujeres denunciadas, junto con otros organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), desarrollaron una intensa campaña contra la penalización del aborto terapéutico. La investigación iniciada por el Ministerio Público contra las nueve defensoras de derechos humanos estuvo abierta por más de dos años, con la consecuente afectación a su seguridad jurídica y a su labor de defensa de los derechos humanos.
El Observatorio acoge con satisfacción la desestimación de la denuncia, sin embargo, es indispensable la notificación formal de la resolución de desestimación de la acusación por parte de la Fiscalía, en cumplimento con el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, en aras de salvaguardar el derecho de las denunciadas a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley.
De manera general, el Observatorio llama a las autoridades de Nicaragua a velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres así como de todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1998.