Ciudad de México- Ginebra- París- Bruselas-Barcelona- Johannesburg- Dublín, 18 de octubre de 2024
RE: Cuatro años de la Detención de la Defensora afroindígena Kenia Hernández
Honorables autoridades mexicanas,
Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por la continua criminalización en contra de la defensora Kenia Hernández, que por cuatro años ha sido injustamente privada de su libertad. Durante más de 1450 días, la defensora ha visto violados sus derechos al debido proceso y a un juicio justo, ha sufrido discriminación basada en género y por su pertenencia al pueblo indígena amuzgo, además de ser sujeta a situaciones extremas de aislamiento, además, de restricciones en el acceso a atención médica.
Kenia Hérnandez es hablante de la lengua amuzga, se tituló como licenciada en derecho para defender los derechos humanos de su comunidad, dedicándose a la defensa del territorio en Guerrero, defendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, y apoyando la causa de los presos políticos por lo que es co-fundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPPEG), además, de fundar el Colectivo Libertario Zapata Vive, que se enfocaba a realizar trabajos con los jóvenes de la costa guerrerense.
Fue detenida en el Estado de México el 7 junio de 2020 y vinculada a proceso por un delito de “robo con violencia” que no cometió, posteriormente fue puesta en libertad con medida cautelar de presentación periódica. Sin embargo, el 18 de octubre de 2020, fue detenida nuevamente, sin recibir orden judicial, ni conocer los motivos de su detención, por la comisión del supuesto delito de “robo con violencia” en el contexto de una manifestación pública en la caseta La Hortaliza, Estado de México. Luego de 6 días de la segunda detención le fue ejecutada orden de aprehensión por el supuesto delito federal de Ataque a las Vías Generales de Comunicación en Acapulco, Guerrero. Durante los siguientes años la Policía de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE, entidad descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) le fue sumando distintas causas por el mismo delito, por lo que actualmente enfrenta 9 procesos en su contra por un delito empleado para criminalizar la protesta.
Durante estos cuatro años, la defensora ha estado en 3 distintos penales del Estado de México y en el Centro Federal Femenil de Reinserción Social 16 (CEFERESO Nº 16 en Morelos), siendo este último lugar donde realizó 2 huelgas de hambre solicitando mejoras en las condiciones de reclusión, toda vez que manifestó condiciones contradictorias a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Además, los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades. Por ejemplo, se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y, además, se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones.
En enero de 2024 fue trasladada al penal de Ecatepec, Estado de México, por motivos de vinculación familiar, después de una larga insistencia por parte de su equipo jurídico y familiares, no obstante el pasado 30 de mayo de 2024 fue agredida físicamente por internas del penal, razón por la cual fue trasladada para proteger su integridad personal al penal de Nezahualcóyotl Sur, Estado de México, donde se encuentra actualmente.
De acuerdo con el equipo jurídico de la abogada, el delito del que se le acusa múltiples veces no es considerado grave, por lo que han instado en diferentes ocasiones a CAPUFE para arribar a un acuerdo integral reparatorio a lo cual la entidad descentralizada se ha negado categóricamente expresando “no es voluntad de este Organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias”, confirmando así que la situación de la defensora se trata de un castigo ejemplar de criminalización de la protesta social.
Recordamos que, en dos ocasiones, el ex presidente de la República Mexicana, en su conferencia matutina [1] , mostró voluntad para resolver la situación jurídica de Kenia Hernández. Apelamos a la nueva presidencia de la República y al Gobierno Federal entrante a retomar la atención en el asunto y a la pronta liberación de la defensora.
Asimismo, la actual mandataria de México en los 100 compromisos que expuso para presentar su plan de trabajo para su sexenio, indicó en los primeros 20 compromisos, al menos 4 puntos que atañen al caso de la defensora: En el numeral 2 señaló que gobernará basándose en la esencia de los pueblos originarios y la historia de México. En el 4 se comprometió a garantizar todas las libertades, que se respetarán los derechos humanos y no se usará la fuerza del estado para reprimir; además, el punto número 5 menciona que se respetará la diversidad política, entre otras; mientras que en el numeral 18 indicó que se seguirán saldando las deudas históricas con los pueblos indígenas y afromexicanos, y finalmente el punto 50 expresa que, México será una República "De y para las mujeres".
El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social.
En vista de los hechos presentados, las organizaciones solicitamos:
– Pedimos que se salde la deuda histórica que hay con Kenia Hernández y se dé fin a este encierro de 4 años a la que ha sido sometida por ser “insumisa”, como ha sido calificada por las autoridades del Estado;
– Garantizar la seguridad, integridad física y el bienestar psicológico de Kenia Hernández, así como del conjunto de personas defensoras privadas injustamente de su libertad;
– Garantizar el derecho al debido proceso de Kenia Hernández, con perspectiva de género y de derechos humanos, así como otorgar una reparación por los perjuicios causados en su contra como resultado del continuo hostigamiento judicial y de las violaciones a sus derechos al debido proceso y a un juicio justo;
– Poner fin de inmediato a la política de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México, particularmente en contra de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos.
Confiando en su compromiso con los derechos humanos, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y agradeciendo su atención a la presente, quedamos a su disposición para proporcionarles cualquier información adicional que les fuera necesaria.