Informe denuncia desapariciones forzadas por la Fiscalía de Nayarit y urge a la CPI que investigue

© IDHEAS

(Ciudad de México, París) — Entre junio y septiembre de 2017, al menos 47 personas fueron desaparecidas presuntamente por la fiscalía estatal de Nayarit, México, como parte de un ataque sistemático perpetrado por actores estatales, como se documenta en un informe publicado hoy por la FIDH y una de sus organizaciones miembros mexicanas, IDHEAS. Esta es una versión reducida de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que instamos al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a que considere iniciar una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México.

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Con base en las pruebas obtenidas por la FIDH e IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, estos delitos fueron perpetrados por miembros de la Fiscalía de Nayarit y otros actores pertenecientes al gobierno regional de Nayarit, posiblemente incluyendo al propio ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien fue detenido el 6 de junio de 2021 acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El informe de 56 páginas, Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad, se basa en la documentación de 71 casos de desapariciones forzadas y el hallazgo de 140 cadáveres en fosas clandestinas en Nayarit. En él se describe la manera en la que autoridades del Estado de Nayarit, incluyendo a la Policía Estatal y funcionarios de la Fiscalía, llevaron a cabo al menos 47 desapariciones forzadas, utilizando para ello los recursos gubernamentales. Con base en la evidencia disponible, existe una base razonable para creer que estas 47 víctimas de desaparición forzada fueron blanco del Estado de Nayarit como parte de un ataque sistemático, lo que constituye crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

El informe demuestra que entre 2011 y 2017, el exgobernador Roberto Sandoval y el fiscal Edgar Veytia, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos por participar en una conspiración internacional de distribución de narcóticos, crearon una estructura criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit, a través de la cual habrían cometido actos de homicidio, tortura, robo de propiedad, extorsión y desaparición forzada.

"Es indignante que la Fiscalía de Nayarit, a la que acudieron las familias para realizar una investigación, fuera en realidad la entidad que habría cometido las desapariciones forzadas en Nayarit."

Jimena Reyes, directora de la FIDH para las Américas

El informe también detalla la falta de acción y negligencia de las autoridades locales de Nayarit en la investigación y el enjuiciamiento de casos de desaparición forzada cometidos durante el gobierno de Sandoval, a pesar de los arduos esfuerzos para obtener alguna medida de justicia realizados por los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada de Nayarit. Hasta noviembre de 2020, se habían encontrado al menos 140 cadáveres en fosas clandestinas ubicadas en el estado de Nayarit y se estima que el número total de desapariciones forzadas entre 2017 y 2019 oscila entre 120 y 300. Hasta la fecha, ningún perpetrador ha sido declarado como responsable de los casos de desaparición forzada ocurridos entre junio y septiembre de 2017.

“Desde 2014 venimos documentando la existencia de crímenes de lesa humanidad en diferentes estados de México, cometidos por el crimen organizado, autoridades estatales o ambos actuando de manera conjunta. Es indignante que la Fiscalía de Nayarit, a la que acudieron las familias para realizar una investigación, fuera en realidad la entidad que habría cometido las desapariciones forzadas en Nayarit. Hoy le pedimos a las autoridades federales de México que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad y remitan el caso a la CPI”, declaró Jimena Reyes, directora de la FIDH para las Américas.

La FIDH e IDHEAS, junto con los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada con sede en Nayarit, solicitan al recién electo Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y al Estado de México que implemente reformas mediante un diálogo con las víctimas destinadas a evitar que sigan produciéndose desapariciones forzadas en Nayarit, y a la CPI que abra una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México, incluido Nayarit.
 

9 años de la FIDH y sus socios documentando atrocidades en México

Desde 2012, con el surgimiento de la crisis de violencia e inseguridad en México, la FIDH ha trabajado junto con sus organizaciones miembro mexicanas IDHEAS y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) así como numerosos aliados, entre otros Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, para denunciar la situación de impunidad desenfrenada en México por violaciones a los derechos humanos y al derecho penal internacional. En particular, la FIDH y sus organizaciones socias han documentado e informado sobre la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad, incluidos casos de asesinato, tortura, violación, privación grave de libertad y desaparición forzada. Para documentar estos casos, la FIDH y sus organizaciones socias han trabajado de la mano con familiares de personas desaparecidas, analizando documentación de diversas fuentes y realizando entrevistas en diferentes estados.

En particular, la FIDH y sus organizaciones socias en México han documentado e informado sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en los estados de Baja California, entre 2006 y 2012; Coahuila, entre 2009 y 2011; y Chihuahua, entre 2008 y 2010. En todos estos informes, la FIDH y sus organizaciones socias han expuesto la posible existencia de un ataque sistemático que involucraría a actores estatales mexicanos o cárteles de la droga en la comisión de estos crímenes, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Basándose en esta documentación y trabajando con colectivos locales de familiares de personas desaparecidas, la FIDH y sus socios se han puesto en contacto con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), compartiendo información e instando a la CPI a abrir un examen preliminar de la situación en México.

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