MÉXICO: Exigimos el fin de la criminalización contra los defensores Maya-Tzeltales de Chilón

20/10/2021
Declaración

Ginebra-París, 20 de octubre de 2021– A un año del inicio del hostigamiento judicial contra José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores comunitarios, en represalia a su defensa pacífica del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas, el Observatorio (OMCT-FIDH) y ACAT Francia exigen el retiro de los cargos en su contra.

El 15 de octubre de 2020, la comunidad Maya Tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, estado de Chiapas, convocó una movilización para protestar contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena. La decisión de construir este cuartel se había tomado sin llevar a cabo una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las poblaciones indígenas afectadas, contraviniendo así los estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos. Cabe resaltar que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad recientemente creado de carácter legalmente civil, pero de corte militar de facto.

La respuesta de las autoridades a la protesta fue la represión. Haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, un operativo de alrededor de 300 agentes de la policía estatal y municipal dejó un saldo de 11 personas heridas, vehículos particulares dañados, así como amenazas e intimidaciones contra las personas participantes y observadores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). El operativo fue observado por elementos de la Guardia Nacional. En el mismo, José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano fueron detenidos de manera arbitraria, golpeados y acusados del delito de “motín”. Ambos defensores han denunciado públicamente y ante el juez de control haber sido sometidos a malos tratos y actos de tortura en las primeras horas de detención. Además, se produjeron retrasos indebidos en su puesta a disposición judicial.

A pesar de ello, a un año de estos hechos, José Luis Gutiérrez y César Hernández continúan siendo hostigados penalmente por ejercer su derecho a la protesta . A pesar de que su representación, a cargo del Frayba, logró que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva a la que estaban sujetos el 1 de noviembre de 2020, desde esta fecha José Luis Gutiérrez y César Hernández están obligados a presentarse cada 15 días ante el Juzgado de Control de Ocosingo, y tienen prohibido salir del área territorial de los municipios de Ocosingo y Chilón.

Si bien se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Justicia Indígena por las denuncias de tortura contra ambos defensores, esta no ha avanzado. Por el contrario el juzgado de control ha desestimado de manera arbitraria la solicitud de los representantes legales de los defensores comunitarios de excluir las pruebas obtenidas a partir de malos tratos. Más aún, el Ministerio Público ha sostenido que las lesiones que presentaban José Luis Gutiérrez y César Hernández se las produjeron ellos mismos. Todo ello a pesar de que existen pruebas visuales que evidencian el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ejercido contra los manifestantes el 15 de octubre de 2020 por parte de los cuerpos de seguridad.

Todo ello ha generado un profundo impacto económico y psicológico tanto a José Luis Gutiérrez y César Hernández como a sus familias, quienes se han visto obligadas a vender sus medios de subsistencia para sufragar los gastos que implican las visitas periódicas a los juzgados y otros gastos relacionados con la desproporcionada medida cautelar.

El Observatorio y ACAT Francia urgen a las autoridades a poner fin al proceso de criminalización contra José Luis Gutiérrez y César Hernández , por vía del sobreseimiento de los procesos legales en su contra y a investigar de manera inmediata las alegaciones de malos tratos en su contra. Asimismo, urgen a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas que defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas puedan ejercer libremente y en un clima favorable su derecho a defender derechos humanos.

Finalmente, el Observatorio y ACAT Francia hacen un llamado a las autoridades competentes a implementar los estándares regionales e internacionales de derechos humanos relativos al uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, incluyendo elCódigo de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, con el fin de garantizar el derecho de reunión pacífica, así como los derechos a la integridad física y a la vida de quienes legítimamente ejercen su derecho a la libertad de reunión.

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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

ACAT Francia es una organización no gubernamental ecuménica de defensa de los derechos humanos fundada en 1974. El objetivo de ACAT es combatir los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la tortura, las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, las desapariciones, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en todo el mundo. Forma parte de la Federación Internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (FIACAT).

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