Ciudad de México, 10 de abril de 2025. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS), el Colectivo en Búsqueda de Verdad y Justicia, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit, el Colectivo Solecito, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (Coahuila) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, emite el siguiente pronunciamiento frente a la reacción del Estado mexicano con respecto al proceso establecido por el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, activado recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a cerca de la situación mexicana.
El 8 de abril, el Senado votó una resolución donde rechaza con contundencia la declaración del CED, igualmente representantes del Gobierno mexicano han criticado la utilización del artículo 34. Las organizaciones firmantes consideran que hay una confusión acerca de lo expresado por este comité. Es fundamental aclarar que en este proceso, el CED no está afirmando que existe una política de Estado deliberada para desaparecer personas en México. Lo que el CED sí ha determinado es que existen indicios claros de que las desapariciones forzadas en el país son generalizadas, y en muchos casos, sistemáticas. Bajo el artículo 34 estos indicios llevan a iniciar un diálogo con el Gobierno mexicano, solicitar información sobre la situación, la cual debe ser evaluada por el pleno del Comité y si se determina que existen elementos de sistematicidad del fenómeno enviará el asunto a la discusión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Es innegable que la mayoría de las desapariciones en México son cometidas por grupos del crimen organizado. Sin embargo, en muchos de estos casos hay una tolerancia, aquiescencia o, inclusive participación directa por parte de autoridades estatales. Estos hechos entran dentro del ámbito de competencia del CED y pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
Las organizaciones y colectivos firmantes, hacen un llamado al Gobierno de México a no adoptar una actitud negacionista frente al carácter generalizado y sistemático de las desapariciones forzadas y de la relacionada crisis humanitaria que heredó este gobierno. Por ello, se solicita al Estado que vea en este proceso una oportunidad para reconocer que, detrás del fenómeno de las desapariciones forzadas existe sistematicidad, es decir, que hay sofisticadas organizaciones criminales y colusiones opacas con funcionarios públicos a través de sobornos que deben ser investigadas, sus estructuras criminales desmanteladas, y sus altos mandos sancionados por estos crímenes.
A lo largo de más de una década, nuestras organizaciones han denunciado precisamente esta situación: la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas y su posible carácter de crímenes de lesa humanidad. Nuestra exigencia ha sido, y continúa siendo, que esta grave problemática sea reconocida y abordada de manera efectiva por el Estado mexicano.
Un ejemplo del carácter sistemático de las desapariciones es la estructura criminal identificada dentro de la Fiscalía de Nayarit, que entre junio y septiembre de 2017 desapareció a decenas de jóvenes. A su vez, la presencia de desapariciones en todos los estados del país y el hallazgo de cientos de fosas clandestinas —incluyendo las dos más grandes de la región de América Latina en Veracruz—, son un fuerte indicio del carácter generalizado de esta tragedia.
De acuerdo con el último informe del CED sobre Acciones Urgentes, México es el país con más acciones urgentes por desaparición ante el CED.asta febrero de 2025, se han registrado 728, con un aumento de 100 casos tan solo en 2024. Además, de las 314 ocasiones en que el CED solicitó medidas de protección para víctimas o familiares, 240 corresponden a México. La situación es preocupante, ya que México también encabeza la lista de casos de acciones urgentes suspendidos debido al temor a represalias, acumulando 229 de los 284 casos registrados.
La lucha contra las desapariciones forzadas debe ser una causa común. El acompañamiento de organismos internacionales puede y debe ser una herramienta para fortalecer nuestras instituciones, avanzar en el acceso a la verdad y la justicia, y, sobre todo, garantizar que ninguna persona más sea desaparecida en México.
Es momento de abrir las puertas para fortalecer los esfuerzos conjuntos, incluida la cooperación internacional, las familias y las organizaciones para que en conocimientos el gobierno federal y las entidades federativas, busquemos poner fin a este flagelo que afecta a miles de familias en el territorio mexicano.