“Permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”,
La FIDH en 2017, con el apoyo de más de 100 organizaciones publicó y envió a la Corte Penal Internacional la comunicación (informe): México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Allí se identificó la existencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cartel de los Zetas en un contexto de innegable colusión.
Resulta significativo que en 2011, cuando Torres López fungía como gobernador interino de Coahuila, se haya cometido la “masacre de Allende”, por parte del cártel de los Zetas, donde se asesinó entre 60 y 300 aldeanos. La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades.
Igualmente, bajo su gestión, la prisión de Piedras Negras, el CERESO, se mantuvo como un centro de operaciones de los Zetas (2008 a 2012) donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas habrían sido quemados o disueltos en cubos con ácido.
Por todo ello, solicitamos al gobierno de México no extraditarlo a Estados Unidos y abrir lo más pronto posible una investigación seria, imparcial y eficaz que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados como de lesa humanidad.