La Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció en octubre de 2019 a Sergio Aguayo a pagar como reparación por daño moral la exorbitante cantidad de 10 millones de pesos (530 mil dólares, aproximadamente). Como garantía, el defensor de derechos humanos ha tenido que desembolsar esta semana un monto de 450 mil pesos (23,000 dólares, aproximadamente).
Reprochamos las represalias al ejercicio de la libertad de expresión contrarias al espíritu de una sociedad democrática y el uso perverso de los medios legales para silenciar las voces críticas en México. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia reiterada:
En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.1
Vemos con preocupación la información que se ha expuesto sobre la existencia de un posible conflicto de interés del Magistrado Huber Olea Contró, cuyo hermano recibió en 2017 la patente de una notaría por parte del ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira.
En ese sentido, exhortamos al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. a que investigue y esclarezca esta situación de manera pronta, expedita y diligente. No debemos permitir que el Poder Judicial resuelva los casos por presiones políticas o conforme a intereses particulares.
Por último, celebramos la decisión del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de proponer a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del asunto. Sin duda, se trata de una ventana de oportunidad para la justicia en el caso. Urgimos a la Primera Sala a asumir jurisdcción y resolver el juicio de amparo de conformidad a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Desde luego, seguiremos de cerca el curso del proceso judical.
1 Corte IDH. Caso Kímel vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 88. Asimismo, véase Corte IDH, Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; y Corte IDH, Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; y Corte IDH. Caso Miguel Sosa y otras vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 155.