A la comunidad internacional:
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) manifiesta su preocupación ante la ratificación del nombramiento de Arturo Chávez Chávez como nuevo Procurador General de la República Mexicana, quien fuera propuesto por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado , el pasado 24 de septiembre.
La FIDH realizó en 2005 una misión internacional de investigación en el territorio mexicano, respecto al problema del Feminicidio y es por esta razón que se une a las preocupaciones expresadas por varias organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización miembro de la FIDH. Los motivos de preocupación son los siguientes:
Desde el ámbito internacional, la violencia generalizada y sistemática contra mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua y la impunidad que guardan estos casos han propiciado que esta ciudad sea señalada como claro ejemplo de una situación donde se cometen delitos graves contra cientos de mujeres, cuya característica principal ha sido la falta de respuesta eficaz de las autoridades para investigar los homicidios y desapariciones, lo que ha generado un clima de impunidad incluido el periodo en el cual Arturo Chávez Chávez fungía como Procurador General del Estado de Chihuahua1.
A nivel local, en el año 1998, el organismo constitucional autónomo en materia de derechos humanos en México: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación específica respecto al desempeño del entonces Procurador de Chihuahua, en la que consideró necesario:
« …que se abra una investigación con objeto de determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en que pudieron haber incurrido el licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, y los servidores públicos de la Subprocuraduría General de Justicia de la Zona Norte, en Ciudad Juárez, que habiendo tenido conocimiento de los hechos, en sus diversos ámbitos de responsabilidad, por omisión o negligencia han dejado de cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley de Servidores Públicos antes mencionada.
En cuanto al Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua es menester precisar que es responsable directo y personal, ya que de conformidad con las disposiciones legales anteriormente aludidas, entre sus múltiples atribuciones se encuentra la de vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia; independientemente de que es el servidor público que se encuentra al frente de la dependencia de referencia, y por ello, tiene a su cargo la actuación del Ministerio Público 2»
La impunidad por parte del Estado mexicano se ha caracterizado en estos crímenes, con la agravante de que "la conducta arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran «sólo» muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida3.
Existen testimonios de madres de niñas asesinadas en esa ciudad mexicana de que, incluso, el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez, se expresó respecto a ellas de manera sexista y misógina, cuestionando a las madres sobre la forma de vestir de sus hijas, sin siquiera conocer que una de ellas tenía la edad de 10 años, además de minimizar la problematica en ese Estado.
La FIDH tiene conocimiento de que durante el período en el que Arturo Chávez Chávez fungió como procurador en el Estado Chihuahua, a pesar de que fue uno de los períodos con mayor auge de casos de feminicidios en Ciudad Juárez, no hubo avance en las investigaciones y en aquellos casos que se consideran resueltos por parte de la Procuraduría, existen serias dudas sobre la conducción de los procesos, en razón de haberse comprobado la práctica de la tortura para obtener confesiones de las personas acusadas, "sembrando más temor entre la población, restando credibilidad a las acciones de las autoridades, que parecen más preocupadas por el impacto político que éstos puedan tener que por su responsabilidad de proteger a sus ciudadanas y garantizar la justicia4".
La importancia de la lucha contra la impunidad como medida para sancionar y prevenir futuras violaciones de derechos humanos de las mujeres ha alcanzado un grado de preocupación por la comunidad internacional, la cual se ha expresado en diversas ocasiones5
Con el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, el gobierno federal mexicano refleja una falta de respeto a las madres y familiares de las niñas y mujeres víctimas del Feminicidio, cuyos casos permanecen actualmente en la impunidad, y asimismo demuestra que México no ha asumido con seriedad la implementacion de las múltiples recomendaciones de los distintos organismos internacionales de derechos humanos y que el cumplimiento de éstas es una mera formalidad ; pero no una prioridad, ni una politica gubernamental.
Por todos estos motivos, la FIDH exhorta al ahora nombrado Procurador General de la República Mexicana a dar señales claras de su compromiso en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, en particular aquellos relacionados con los crimenes de feminicidio, y apoyar una actuación decidida de la Fiscalia Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para concluir las investigaciones abiertas sobre estos casos.