La FIDH, la CMDPDH y la LDH confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobará el proyecto de resolución presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual le otorga el amparo y concede su inmediata libertad.
El proyecto del Ministro Zaldívar, dado a conocer el pasado 7 de marzo, resolvería el amparo directo en revisión 517/2011 al reconocer violaciones a derechos fundamentales; tales como la presunción de inocencia, el derecho de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular y al derecho de los detenidos a ser puestos a disposición inmediata ante el Ministerio Público. El proyecto concluye que estas violaciones al debido proceso derivaron en una indefensión y una afectación total al proceso al viciar las evidencias incriminatorias.
La FIDH, la CMDPDH y la LDH reconocen el derecho y la obligación de los Estados de combatir el grave problema de la delincuencia organizada, sin embargo recuerdan que esta acción gubernamental debe hacerse en todo momento con apego irrestricto a los derechos humanos de los acusados y las víctimas.
La resolución puesta a consideración de la Primera Sala es acorde con los estándares internacionales de los derechos humanos, reconocidos por el ordenamiento legal mexicano y por diversos tratados internacionales, ya que reconoce el alcance del debido proceso, el derecho de los acusados a que se les reconozca como inocentes hasta que una corte decida lo contrario y el derecho de los extranjeros a contar con asistencia consular desde el momento de su detención. El proyecto establece además que este último derecho no sólo es un derecho en sí mismo, sino que es un derecho del cual depende el ejercicio correcto de otros derechos procesales.
Igualmente, la FIDH, la CMDPDH y la LDH coinciden con la jurisprudencia del máximo órgano de justicia mexicana al señalar que el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilegales y condenan las prácticas de las autoridades mexicanas de mostrar frente a los medios de comunicación a personas detenidas exhibiéndolas como responsable de hechos delictivos, así como el montaje de la policía en la que se involucró a Florence Cassez.
Por las evidencias del caso, la FIDH, la CMDPDH y la LDH coinciden con la condena de la práctica de no poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos al constituir otra violación a derechos humanos por lo que conceder su inmediata libertad debe ser apoyada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.