Agresión física, rapto y detención arbitraria del Padre Martín

28/06/2010
Llamado urgente

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” sobre la agresión física, rapto y detención arbitraria del Padre Martín, quien oficia su ministerio en la parroquia de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Estado de Oaxaca, un defensor comprometido con la defensa de los recursos naturales.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

El 19 de junio de 2010 a las 8.00 pm, el padre Martín fue secuestrado por un grupo de individuos armados cuando iba llegando al municipio de San José del Progreso a donde se dirigía, junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia, a dar una misa. Los individuos, que se encontraban bloqueando el paso, obligaron al Padre Martín a bajar de la camioneta donde viajaba, después lo golpearon fuertemente, utilizando incluso piedras y se lo llevaron hasta una casa donde lo amarraron y lo amenazaron con quemarlo. Los acompañantes del Padre Martín identificaron entre los agresores a los Sres. Ángel Arango, Silvano Vásquez y a las Sras. Flora Maria Rodríguez, Claudia Reyes y Cristina Hernández, miembros de la comunidad de San José del Progreso. Tras una negociación entre el grupo de personas que lo tenía retenido y la policía, el Padre Martín fue liberado con la condición de que fuera detenido por ser supuestamente el autor intelectual de los hechos ocurridos esa misma tarde en la comunidad del Cuajilote. En efecto, ese mismo día a las 5.30 pm, se había producido un enfrentamiento en la comunidad del Cuajilote donde habían resultado muertas dos personas, el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal y el Sr. Félix Misael Hernández, Regidor de salud del municipio y otras tres habían resultado heridas. El Padre Martín se encuentra detenido en calidad de arraigado por un periodo de 30 días, si bien a la fecha de publicación de este llamado se encontraba internado en un hospital de Oaxaca a causa de las heridas sufridas. Entre los cargos que se le imputan, se encuentra el de “homicidio en autoría intelectual”.

El Padre Martin había sido objeto de una campaña de difamación y de continuos actos de hostigamiento desde que comenzó a impulsar acciones a favor de la ecología como parte del trabajo de la Pastoral Social y propiciara la necesidad de obtener mayor información de las repercusiones negativas o positivas de la explotación de oro y plata de “San José”, que ha sido concedida a la empresa minera Cuzcatlán S.A. C.V, y que afecta a la comunidad de San José del Progreso, donde se encuentran los minerales. La concesión para la explotación a esta empresa, que tuvo lugar en el 2008, es apoyada por las autoridades municipales y agrarias y un grupo de personas de la comunidad, mientras que otro grupo de personas de la comunidad se oponen a la explotación tanto por no haber sido consultadas como por los efectos que ésta puede acarrear para el medio ambiente. Esta división ha estado acompañada de sucesivos actos de violencia entre los habitantes de la comunidad. El 6 de mayo de 2009 se iniciaron acciones de protesta contra la mina, que han sido duramente reprimidas por los cuerpos de la policía. A raíz de esta movilización, los medios de comunicación locales han publicado varios artículos en los que se acusa al Padre Martín de “alborotador” y “agitador”. En noviembre de 2009, el Presidente municipal de San José del Progreso y un grupo de ciudadanos irrumpieron la misa oficiada por el Arzobispo de Oaxaca para pedir con pancartas y gritos la salida del Padre Martín de la parroquia de San Pedro Apóstol. Lo acusaron de ser un subversivo y distribuyeron volantes difamándolo.

El 2 de marzo de 2010 el Padre Martín fue citado a declarar en la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a una nota publicada por el diario local “El Imparcial” el 20 de noviembre de 2009, donde consta que el Sr. Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente municipal de San José El Progreso, había denunciado ante la PGR al Padre Martín como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en la retención de funcionarios municipales. Durante el citatorio, se le informó que las personas señaladas de pertenecer directamente al grupo armado son los líderes que se oponen a la mina y que trabajan en defensa de la tierra. Por esta denuncia, el Padre Martín ya había sido requerido el 16 de diciembre de 2009. El 16 de marzo de 2010, el Presidente municipal volvió a pedir públicamente a través de varias radios locales que el Padre Martín sea removido de su cargo en la parroquia de San José El Progreso.

El Observatorio señala su profunda preocupación por la agresión contra el Padre Martín y su hostigamiento judicial, que incluye la detención y acusación y teme que estos actos estén motivados en razón de sus actividades como defensor de derechos humanos. Asimismo, el Observatorio manifiesta, de manera general, su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en Oaxaca y por la de todos los defensores de derechos humanos en México.

El Observatorio recuerda que en su último informe, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos señaló que los Estados acuden con mayor frecuencia a acciones legales para violar los derechos humanos de los defensores, y que estos son arrestados y perseguidos penalmente bajo falsos cargos. Asimismo, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su Informe sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos en México, elaborado en 2009, que se registra recurrentemente el uso arbitrario del sistema penal en contra de los defensores de derechos humanos.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de México instándolas a:

i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Padre Martín.

ii. Ordenar la libertad inmediata e incondicional del Padre Martín ya que el proceso judicial y su detención son arbitrarias en la medida en que pretende sancionar sus actividades de defensa de los derechos humanos;

iii. llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de todos los hechos arriba denunciados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iv. velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento, incluso judicial, contra el Padre Martín, así como contra todos los defensores de derechos humanos en México;

v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art. 1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art. 12.2);

vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

* Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

* Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, E-mail:
* Licenciado Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. Tuxtla Gutiérrez, E-mail: gobernador@oaxaca.gob.mx. Fax: + 52 502 05 30

* Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, 2o. piso, Colonia Centro, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fax: + 52 961 612 06 63 Conmutador: + 52 961 612 90 47; + 52 961 618 74 60Licenciada María de la Luz Candelaria Chiñas, Magistrado Presidente del Tribunal Procuradora general de Justicia del Estado de Oaxaca, Fax: + 52 1951 5115174/+52 19515115121. E-mail: procuraduria7@oaxaca.gob.mx
* Licenciado Javier Rueda Vázquez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Heroico Colegio Militar 317, Reforma, 68050, Oaxaca. Tel:+52 1 951 132 5748
* Licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, Fax: +52 55 5093 3414. E-mail: secretario@segob.gob.mx
* Licenciado Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República, Paseo de la Reforma n° 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., CP 06500, Fax: + 52 55 53 46 09 08. E-mail: ofproc@pgr.gob.mex
* Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB. E-mail: jguevara@segob.gob.mx
* Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fax: + 52 0155 36 68 07 67. E-mail: correo@cndh.org.mx
* Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int

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