18 de agosto de 2025. El 91.º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (por sus siglas en inglés, CEDAW) se celebró del 16 de junio al 4 de julio de 2025 en Ginebra. Las personas expertas del Comité examinaron el informe presentado por México en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Durante este periodo de sesiones se reunieron numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre otras, la FIDH junto con una de sus organizaciones miembros en México, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, especializada en procesos judiciales estratégicos en materia de derechos humanos, así como su organización socia, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), especializado en antropología médico-legal. Entre el 16 y el 19 de junio de 2025, las tres organizaciones participaron en las sesiones con el fin de llamar la atención de las personas expertas del Comité sobre el carácter generalizado de las desapariciones de mujeres y niñas en México y su relación con otros delitos graves, como los feminicidios y la trata de personas, con el fin de mantener esta cuestión en su agenda.
Antes de que el Comité examinara el informe sobre México, las organizaciones IDHEAS, EMAF y la FIDH presentaron conjuntamente un informe alternativo, elaborado a partir de su trabajo de documentación y análisis. El objetivo era proporcionar al Comité información sobre el fenómeno de las desapariciones de mujeres y niñas en México y analizar las violaciones cometidas por las autoridades mexicanas. En las observaciones finales del Comité, publicadas el 7 de julio de 2025, se reflejaron diversos elementos desarrollados en los informes de investigación y análisis elaborados por la FIDH, IDHEAS y EMAF. Concretamente, el informe alternativo presentado al CEDAW (2025) trataba de las violaciones cometidas por las autoridades mexicanas en relación con las desapariciones de mujeres y niñas. Se retomó el informe "¿Quién nos busca? ¿Quién nos cuida?" (2024) sobre las desapariciones de mujeres y niñas relacionadas con la trata de personas en México, y el informe Guerrero->https://www.fidh.org/es/region/americas/mexico/guerrero-mexico-autoridades-responden-con-ineficacia-incompetencia-y] (2023), sobre la desaparición de niñas y mujeres en este último Estado.
Desde hace muchos años, las organizaciones alertan sobre el alarmante recrudecimiento de la violencia de género en México, en particular las desapariciones. Esta tendencia no es nueva: desde 2007, en muchos estados federados se han registrado niveles históricamente altos de desapariciones de mujeres y niñas. En los últimos años, este aumento se ha intensificado de manera especialmente preocupante. En 2024, se ha denunciado 3601 desapariciones, una cifra sin precedentes en la historia de México, que supone un aumento de más del 40% con respecto al año anterior. Estos datos confirman plenamente la preocupación expresada por el CEDAW en los párrafos 27 a) y b) de sus observaciones finales, en las que se destaca que este aumento de la violencia de género se ve agravado por la ineficacia e insuficiencia de la respuesta del Estado mexicano.
A pesar de las dramáticas cifras, la FIDH, IDHEAS y EMAF han destacado que las mujeres que emprenden investigaciones para encontrar a sus familiares desaparecidos, en su mayoría madres o hermanas de las desaparecidas, a las que se suele conocer como "buscadoras", son objeto de actos de acoso y amenazas directas tanto contra su persona como contra otros miembros de su familia, sin que las autoridades intervengan para velar por su protección. En algunos casos, estos riesgos han provocado el desplazamiento forzoso de las "buscadoras" y sus familiares, con el consiguiente riesgo para la continuidad de las investigaciones. Las tres organizaciones han puesto de relieve la falta de protección adecuada por parte del Estado mexicano, una constatación que el Comité confirma en el párrafo 21 c) de sus observaciones finales, en el que se destaca la insuficiente atención prestada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las "buscadoras", así como a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones u homicidios. En este contexto, las organizaciones acogen con satisfacción las recomendaciones formuladas por el Comité en los párrafos 22 c) y 58, que insisten en la necesidad de reconocer oficialmente a las "buscadoras" como defensoras de los derechos humanos, establecer medidas de protección adecuadas, reforzar el apoyo operativo y psicosocial y asegurar su inclusión sistemática en los procesos de búsqueda de la verdad y memoria.
El trabajo de la FIDH, IDHEAS y EMAF también puso de manifiesto algunas deficiencias y fallos en la activación de los mecanismos de alerta, lo que compromete la búsqueda rápida y eficaz de las víctimas. A este respecto, el Comité, en el párrafo 28 g), insta al Estado mexicano a que "asegure la coordinación y la aplicación uniforme de los protocolos de respuesta a emergencias y elimine los retrasos en los procesos de activación del Protocolo Alba y la Alerta Amber, velando por que todas las entidades federativas dispongan de recursos adecuados para aplicarlos efectivamente."
En relación con la trata de personas, el Comité señala en su párrafo 32 a) las deficiencias persistentes en la protección eficaz "contra la trata para los grupos desfavorecidos de mujeres", como mujeres adolescentes, migrantes, desplazadas, pobres, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LBTI), indígenas y afromexicanas. A este respecto, los informes de las tres organizaciones ponen de relieve algunos obstáculos importantes a los que se enfrentan las mujeres de los pueblos indígenas, las personas LGBTQI+ y migrantes en el acceso a la justicia: cuando finalmente se inician investigaciones, con frecuencia están mal dirigidas por las personas responsables debido a prejuicios machistas o racistas, que se centran en el pasado de las víctimas o sus elecciones de vida en lugar de analizar el contexto y las causas de las desapariciones.
Las tres organizaciones han destacado asimismo que las investigaciones sobre las desapariciones relacionadas con la trata de personas no se abordan con un enfoque integral, lo que lleva a centrarse en hipótesis aisladas y a pasar por alto los patrones recurrentes, su posible vínculo con las redes de delincuencia organizada, así como las múltiples y entrelazadas dimensiones de estos fenómenos. El Comité, en el párrafo 32 b), insta al Estado mexicano a que "aborde el nexo entre la trata de personas y las redes de delincuencia organizada reforzando la coordinación entre las fuerzas del orden y aplicando estrategias integrales de prevención", lo que corrobora plenamente nuestras conclusiones y subraya la necesidad de superar el enfoque fragmentado de estos fenómenos.
El Comité subraya, en el párrafo 32 c), la necesidad de investigar a los agentes del orden implicados en la trata de personas, enjuiciarlos y castigarlos adecuadamente, así como reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para prevenir la corrupción y la colusión con los tratantes. La información recopilada por las organizaciones sobre el Estado de México revela que, a menudo, la policía municipal hace la vista gorda ante las actividades del crimen organizado y en ocasiones recibe pagos para obstaculizar las investigaciones u ocultar información crucial. Sin embargo, esta connivencia en algunos casos entre miembros del funcionariado local –entre otros, alcaldes y alcaldesas– y agentes de investigación con redes de traficantes y organizaciones criminales constituye un obstáculo importante para la lucha contra las desapariciones y el acceso a la justicia, en particular para las mujeres.
Como las organizaciones subrayan en sus trabajos, es indispensable asegurar una atención integral a las víctimas de desapariciones y trata de personas, velando por que se inicien investigaciones incluso cuando estas no se reconocen inmediatamente como tales, y por que se les ofrezca acompañamiento psicosocial sin riesgo de revictimización. En este mismo sentido, el Comité recomienda, en el párrafo 32 e), que se "refuerce los servicios integrales de apoyo a las mujeres y las niñas víctimas de trata, incluido el acceso inmediato a refugios, atención médica, asesoramiento psicosocial y asistencia jurídica, y [se] refuerce y vigile sistemáticamente la eficacia de las intervenciones contra la trata y las reparaciones proporcionadas, sobre la base de datos desglosados relativos a las pautas de la trata y las características demográficas de las víctimas".
La única decepción que cabe señalar en el enfoque del CEDAW es que el Comité no ha establecido explícitamente el vínculo entre las desapariciones de mujeres y niñas y la trata de personas. Sin embargo, el informe "¿Quién nos busca? ¿Quién nos cuida?" muestra que con frecuencia estas desapariciones están relacionadas con redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Las organizaciones presentes en Ginebra reiteraron con fuerza esta constatación, en particular durante el almuerzo informal con las personas expertas del Comité. El hecho de que no se reconozca esta relación dificulta la comprensión adecuada del problema y fomenta la impunidad, lo que permite a las personas responsables de las desapariciones y la trata eludir en gran medida las consecuencias de sus actos y perpetuar así el ciclo de violencia estructural. La FIDH y sus socios continuarán insistiendo sobre este tema ante las instituciones locales e internacionales.