Desde diciembre de 2006 México atraviesa una grave crisis humanitaria, en donde al menos se tiene registro de 250 mil homicidios dolosos, 36 mil casos de desaparición y más de 18 mil casos de tortura. Asimismo, se tiene registro de más de 1,600 fosas clandestinas halladas en el país. La crisis se está agudizando, el año 2017 ha sido el peor año en términos de homicidios con más de 25 mil asesinatos. En el año 2017 datos oficiales indicaban una tasa de 22 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2007 era de 9.
Por esta razón las organizaciones abajo firmantes le urgimos al gobierno que de acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, remita la situación de México a la Fiscalía de la CPI lo antes posible.
Esta remisión llevaría a un análisis por la Fiscalía de la CPI sobre si existe bases razonables para proceder con una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en México. Contribuiría, particularmente, a identificar grupos de posibles perpetradores de crímenes de lesa humanidad, categorías de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en México desde diciembre de 2006, así como el nivel de capacidad y de voluntad del sistema judicial de juzgar esos crímenes.
La apertura de un examen preliminar y luego de una Investigación por la CPI también constituirá un complemento ideal de un Mecanismo Internacional de lucha contra la impunidad, de una Comisión de la Verdad y de una Fiscalía que sirva, entidades solicitadas por la sociedad civil mexicana.
La voluntad del nuevo gobierno de someter esos casos a la CPI, además es muestra clara del compromiso de la lucha contra la impunidad. La FIDH y las organizaciones firmantes estaremos vigilantes a que el presidente electo y su gobierno cumplan su disposición de llevar estos crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional