Carta abierta a las autoridades mexicanas respecto a su posición reciente frente a los mecanismos de derechos humanos de la ONU

07/04/2015
Comunicado
en es

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Paris, México, 7 de abril de 2015

La FIDH expresa su preocupación por lo que parece ser un importante retroceso en la política exterior relativa a los derechos humanos en México, como se ilustra en las declaraciones de los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores en los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, y del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

En intervenciones realizadas antes de Senadores de México y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, calificó el comportamiento del Relator Especial sobre la tortura como "poco profesional y poco ético" luego que este haya informado que la tortura era "generalizada" en México, después de una visita al país. El Embajador Gómez Robledo advirtió, además, que México ya no trabajará más con el Relator Especial.

Este cambio negativo en la política exterior de México contrasta con la contribución de México a la agenda internacional de los derechos humanos, en particular en la ONU. El país juega un papel influyente en el Consejo de Derechos Humanos y tiene una fuerte tradición de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, siendo uno de los primeros países en haber extendido, en 2001, una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, cuyo trabajo se guía por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo constructivo y cooperación internacional (resolución HRC 5/2). Los recientes comentarios del Embajador Gómez Robledo, respaldados públicamente por el Ministro de Asuntos Exteriores, van claramente en contra de estos compromisos de larga data.

A la luz de las graves dificultades que México está enfrentando actualmente a nivel interno, es crucial que el país adopte una posición de principio en su política exterior de derechos humanos. Sólo mediante el reconocimiento de la dimensión de los desafíos en derechos humanos que éste enfrenta -como documentados por los mecanismos de Naciones Unidas-, México será capaz de hacerles frente y permitir el pleno respeto, protección y realización de los derechos humanos en el país.

Instamos a su país a cooperar plenamente y de buena fe con todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y a adoptar todas las medidas necesarias para implementar sin demora todas las recomendaciones y observaciones finales del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y del Comité contra la Desaparición Forzada, respectivamente, así como los de los diferentes mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas que han visitado el país recientemente. El gobierno también debe permitir que los Relatores Especiales lleven a cabo un seguimiento de las visitas al país, para verificar la aplicación de las recomendaciones realizadas.

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