Resolución sobre la situación de derechos humanos en México
Preocupados por las políticas militaristas de Estado, encausadas por el C. Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, – investido como comandante supremo de las Fuerzas Armadas – que declaran la guerra a la delincuencia organizada sin que ningún poder republicano acote este acto anticonstitucional, cuyo saldo asciende a 20 mil muertos, miles de detenidos, cientos de torturados y libertades conculcadas en nombre de la “democracia” e infinidad de denuncias en contra de elementos del Ejército Mexicano, por violaciones a los derechos humanos;
Consternados ante el uso de las Fuerzas Armadas, de la Seguridad Pública, las instituciones del estado y las leyes para despojar de su planta laboral a los 34 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro; desarticulación del Sindicato Mexicano de Electricistas en favor de la privatización del servicio de energía eléctrica, acompañada de una campaña mediática encaminada a criminalizar a los trabajadores y a sus familias apoyados en la legitimación de actos represivos;
Alarmados por la impunidad, su protección y promoción a través de instituciones públicas, tal es el caso del Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, señalado por su responsabilidad ante la falta de investigación de los feminicidios cuando se desempeñó como Procurador de Justicia en Chihuahua; o el almirante Wilfrido Robledo Madrid, exjefe de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASE), quien encabezó el operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2005, y quien será el nuevo titular de la Policía Federal Ministerial, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR);
Consternados por la impunidad ante en caso de la Guardería ABC en cuyo incendio murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora, como consecuencia de las políticas de privatización o subrogación del servicio de instancias infantiles, de Instituto Mexicano del Seguro Social y que el tráfico de influencias, el nepotismo y la negligencia de autoridades federales, estatales y municipales, propiciaron la catástrofe;
Preocupados por los ataques a defensores de derechos humanos; la persecución de luchadores sociales y la criminalización de las protestas sociales, y la grave crisis en el sistema penitenciario;
Retomando la declaración realizada del 10 de diciembre 2009, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que afirma… “México es el país que fue más duramente golpeado por la crisis. Siempre ha habido pobreza, pero lo sucedido a lo largo del 2009 y las políticas erróneas del presidente Felipe Calderón llevaron aún a más mexicanos a la pobreza. Y los que ya eran pobres, resbalaron en tobogán a la pobreza extrema…”. Y Además, al beneficiar a las empresas sobre todo trasnacionales, se agrava mucho más el deterioro ambiental, con los megaproyectos de inversión;
Resaltando que las políticas públicas dirigidas hacia los pueblos indígenas no los reconocen como sujetos de derecho, realidad que descarta la posibilidad de implementar “programas sociales y de desarrollo” con la participación de estos pueblos, hecho que fomenta su extinción, pérdida de identidad y absorción como fuerza laboral de bajo costo;
Atendiendo que siguen altos niveles y diversas formas de violencia contra la mujer que son al mismo tiempo consecuencia y síntoma de la generalización de la discriminación y desigualdad por motivos de género, condición socioeconómica, origen, etnia, etc., que van asociados a una falta de acceso a la protección del Estado que no implementa medidas e iniciativas necesarias para lograr la protección y promoción de los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia contra la misma;
Denunciamos que, aunque el gobierno mexicano afirme en discurso y firme en papel, una amplia gama de instrumentos de la justicia universal, no deja de introducir "candados" y aprobar leyes “antídoto” como las Reformas Constitucionales en materia penal del 2008; jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) bajo la discrecionalidad de la Cámara de Senadores; las reservas y candado a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que cierra la posibilidad de tratar casos anteriores a la firma de la misma, y la permisión de que los militares involucrados sean juzgados ante tribunales castrenses y no civiles;
Puntualizamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sendas sentencias en contra de México, una por el caso de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla Pacheco y otra por el Feminicidio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, las tres mujeres desaparecidas en Campo Algodonero de Ciudad Juárez.
Y, por último, traemos a la memoria que México fue examinado el 10 de febrero de 2009 ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que se emitieron 91 recomendaciones de las cuales 83 fueron aceptadas por el gobierno mientras 8 se encuentran reservadas, siendo las más trascendentales y fundamentales en la protección de los derechos humanos.
1. Adecuar la definición de delincuencia organizada de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 2. Abolir la práctica del arraigo; 3. Asegurar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país; 4. Extender la jurisdicción civil sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares; 5. Seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Tortura y la Oficina del Alto Comisionado para garantizar que sean los tribunales civiles quienes juzguen las violaciones a los derechos humanos, en particular la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos por personal militar, incluso cuando se afirma que fueron cometidos durante servicio; 6. Conceder jurisdicción a las autoridades civiles para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Asimismo, en el caso de que la participación militar se esté realizando en la lucha contra la delincuencia organizada, se adopten las medidas necesarias para reforzar la protección de los derechos humanos; 7. Revisar las disposiciones legales pertinentes para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares sean conocidas por tribunales civiles. 8. Restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado o crear una oficina similar, para enviar una clara señal en la lucha contra la impunidad.
El Congreso de la FIDH:
Solicita a la comunidad internacional inste al gobierno mexicano cumplir con todas las recomendaciones del EPU, y demás recomendaciones de los instrumentos de la ONU y la OEA en materia de derechos humanos, al igual que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fortalecer los mecanismos necesarios para atender las graves violaciones a los derechos humanos; impulsar la armonización de la legislación interna con el derecho internacional; y eliminar las reservas y declaraciones que limitan la protección de los derechos humanos.