Numerosos muertos y heridos en la escalada de violencia en Oaxaca

17/08/2006
Comunicado

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en Oaxaca que ha incluido asesinatos, actos de tortura y de violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y represión de la protesta social.

La FIDH se muestra extremadamente preocupada por la continuación de la ola de violencia en Oaxaca en represalia al movimiento social de los maestros que solicitan mejoras laborales desde el 22 de mayo 2006 y que ha conocido un recrudecimiento desde el 6 de agosto 2006.

Según las últimas informaciones:

- El 11 de agosto, Erangelio Mendoza González, ex secretario general de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue desaparecido cerca de su domicilio por unos sujetos no identificados que lo subieron a un automóvil blanco. El 15 de agosto, estaba recluido en el Penal de Cuitlatlan, del estado de Oaxaca.
- El 10 de agosto, la represión violenta de una marcha pacífica del magisterio de Oaxaca resultó en la muerte del mecánico José Jiménez Colmenares quien acompañaba a su esposa profesora y en la herida de otras dos personas, una de ellas maestra.
Ese mismo día, en la colonia Alemán, en el centro de Oaxaca desaparecieron los maestros Alonai Santiago Sánchez y Ramiro Aragón Pérez quienes fueron encontrados en la mañana del 11 de agosto por miembros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) en la cárcel municipal de Ewjutla de Crespo, Oaxaca, presentando graves lesiones y rastros de tortura. En particular, al Sr. Santiago Sánchez le fue cortada una oreja con una botella de vidrio.
- El 9 de agosto en la región de Putla, región Mixeteca, varios integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Trique Independiente (MULTI), miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), fueron atacados en una emboscada resultando muertos los Sres. Andrés Santiago Cruz, de 35 años de edad, Pedro Martínez Martínez, de 70 años de edad y el menor Pablo Martínez Martínez, de 11 años de edad.
Ese mismo día, varios trabajadores del periódico Noticias fueron agredidos con balas. Tres resultaron heridos y el Sr. Germán Mendoza Nube, dirigente del Frente Popular Revolucionario, miembro de la sección XXII de la SNTE, Fundador de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, fue detenido por miembros de la Policía Ministerial. Los
policías no mostraron una orden de detención, golpearon al Sr. Mendoza y lo subieron violentamente a una camioneta sin reparar en sus problemas de salud y su condición de estar postrado en un silla de ruedas. El Sr. Mendoza sigue siendo detenido e incomunicado en el penitenciario de Miahuatlan, Oaxaca.
- El 8 de agosto fue dañado con un ácido el transmisor de Radio Universidad que está administrada por universitarios y miembros de la APPO, impidiendo la transmisión de las noticias.
- El 7 de agosto fue asesinado a balazos Marcos García Tapia, universitario e integrante de la APPO, por sujetos en una motocicleta en una calle céntrica de la ciudad de Oaxaca.
- El 6 de agosto fue detenido arbitrariamente el Sr. Catarino Torres Pereda, representante de una organización indígena, el Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), e integrante de la APPO.

La FIDH recuerda que los hechos arriba mencionados violan los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Estos hechos también son contrarios
al compromiso de México de promover los derechos humanos al aceptar presidir el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

La FIDH urge al Gobierno mexicano a poner fin inmediatamente a esta ola de violencia, a que se privilegie el diálogo al uso de la violencia, a que las autoridades correspondientes, a nivel federal y estatal, investiguen de manera imparcial los hechos ocurridos para que los culpables sean determinados y procesados.

De manera general, la FIDH insta a las autoridades mexicanas de conformarse a los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos ratificados por México.

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