El objetivo de la misión fue avanzar en la comprensión de la grave violación de los derechos humanos de las mujeres, a través de la realización de un diagnóstico sobre la situación de asesinato de mujeres, los contextos particulares que rodean su ocurrencia, los problemas estructurales para acceder a la justicia en estos casos y el cumplimiento por parte de los Estados de sus responsabilidades en el ejercicio de la debida diligencia, a la luz de los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.
La misión pudo constatar que el asesinato de mujeres continúa en aumento tanto en México como en Guatemala. En México no hay estadísticas globales de la situación, sino algunas en cada estado, por ejemplo en el estado de Chiapas entre 1994 y 2005 hay informaciones de 612 asesinatos a mujeres, y en el Estado de México, primer estado en México en homicidios de mujeres, se reportaron cerca de 500 homicidios tan solo en el 2004. En cuanto a Guatemala, el Ministerio Público reportó en el 2005 497 mujeres asesinadas.
En México la desarticulación entre el Estado federal y los estados hace particularmente difícil el manejo del problema del feminicidio en el País, ya que las autoridades federales reconocen y asumen el feminicidio como un problema de violencia hacia las mujeres mientras que la mayoría de las autoridades estatales niegan la existencia del feminicidio. La obligación de los estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer no se cumple en todos los estados visitados. Para la misión fue evidente que no hay reconocimiento ni normativo ni fáctico de parte de las autoridades de que la violencia contra las mujeres son violaciones de los derechos humanos. Igualmente es preocupante la negligencia y/o corrupción de los funcionarios públicos que trabajan en la administración de justicia, así como la falta de transparencia en la información de casos que se dan por resueltos, particularmente según lo observado por la misión en el estado de Chihuahua.
En Guatemala, los feminicidios son la expresión extrema de la persistencia de la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos. La permanente ocurrencia de asesinatos contra las mujeres y la impunidad que rodea su investigación y sanción dan cuenta de la inexistencia de mínimas condiciones de seguridad que permitan a las mujeres una vida libre de violencia. Las políticas de prevención son escasas y no se encuentran articuladas a una política general de seguridad que dé prioridad a la prevención. El ambiente generalizado de inseguridad y la impunidad inciden fundamentalmente en la situación de las mujeres: los agresores no están siendo castigados, no existen las condiciones que permitan un debido proceso garantista de los derechos de las víctimas y en muchos casos, estas son señaladas y tratadas como delincuentes y sus familias estigmatizadas.
En el informe se presentan varias recomendaciones dirigidas a las autoridades de México y Guatemala, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, y a la comunidad internacional.