SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REPÚBLICA DE MÉXICO:
1. La FIDH acoge con beneplácito y expectativa el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la guerra sucia en el que se documentaron 275 casos de desaparecidos y 532 casos de personas detenidas de manera ilegal ocurridos entre 1970 y 1989. El reconocimiento de los crímenes de Estado es un paso importante para que la sociedad se libere del temor de que dichos crímenes pueden volverse a perpetrar. Sin embargo no es suficiente si no se acompaña de efectivas medidas de reparación y de superación de la impunidad. Se debe recordar igualmente que los crímenes contra la humanidad (torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas) son imprescriptibles.
2. La decisión de nombrar un Procurador Especial para la investigación de estos hechos y la Comisión de personalidades que acompañarían su tarea, deben contar con los recursos y las garantías necesarias de independencia, imparcialidad y objetividad para que los anuncios de justicia no se vean frustrados.
3. La FIDH expresa su preocupación por el incumplimiento de la recomendación de 30 de julio de 1999 del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la militarización del orden público: "El Comité está preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad, específicamente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde desarrollan actividades propias de las fuerzas policiales..el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles".
4. La FIDH se encuentra además preocupada por la militarización de las instancias civiles de procuración de justicia, como sucede con la Procuraduría General de la República, encabezada por un general quien fuera Procurador General para las Fuerzas Militares quien no investigó violaciones de Derechos Humanos imputables al Ejército mexicano.
5. El repudiable asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, las amenazas contra otros defensores de Derechos Humanos, el clima generalizado de miedo y los casos recientes de desaparición forzada (Faustino Jiménez Álvarez, el 17 de junio de 2001 en el Estado de Guerrero) y de tortura (como el caso de los hermanos Cerezo Contreras, torturados en agosto de 2001), muestran que las estructuras represivas del pasado no han sido desmanteladas y que la impunidad sigue alentando crímenes de este tipo.
La FIDH urge a las autoridades mexicanas a brindar todo el reconocimiento y las garantías necesarias a la integridad y la labor de los defensores de Derechos humanos en México.
6. La FIDH ha acogido con satisfacción los distintos pronunciamientos del gobierno mexicano sobre su compromiso indeclinable por el respeto de los Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en la materia. Sin embargo deplora que el Estado mexicano no haya cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgen la liberación inmediata del general José Francisco Gallardo.
ACERCA DE LOS DESC DE LOS PUEBLOS INDÁGENAS:
En base a las conclusiones preliminares de la misión internacional de investigación sobre los pueblos indígenas en México, integrada por los expertos Paulina Palacios, abogada ecuatoriana, José Aylwin, abogado chileno, Camilo Castellanos, Director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y Alain Birgy, magistrado francés, la FIDH resalta los siguientes puntos:
7. La FIDH y los miembros de la misión agradecen la colaboración y acogida de las diferentes autoridades del Estado y, a los organismos de la sociedad civil mexicana, en particular a los representantes de los pueblos indígenas de los Estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
8. La FIDH lamenta que a pesar de que el Estado de México ratificó el Convenio 169 de la OIT relativo a los pueblos indígenas, este no se ha implementado a nivel interno. Más preocupante aún es que los acuerdos de San Andrés Larrainzar y la propuesta legislativa de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) que abrían el camino del consenso sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas no fueron incorporados en la reforma constitucional de agosto de 2001.
9. Los programas de apoyo a la población marginada deben ser revisados con el objeto de permitir y hacer efectiva la participación de los beneficiarios. En el caso de los pueblos indígenas es indispensable una consulta informada y el fomento de su participación activa en la implementación de estos programas. Se constata con preocupación la existencia de programas gubernamentales sobre salud, alfabetización y otros temas que contribuyen a la militarización de las áreas indígenas.
10. En definitiva, la FIDH manifiesta su preocupación de que la situación de los pueblos indígenas, luego de 10 años desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT por el Estado Mexicano y casi 7 años después del alzamiento zapatista, no ha mejorado. Persiste la marginalidad, la exclusión y la pobreza de los pueblos indígenas.
11. La FIDH exhorta a las autoridades mexicanas a establecer un diálogo incluyente, transparente y participativo con los pueblos indígenas y la sociedad civil mexicana para encontrar las medidas legislativas, económicas y sociales necesarias para el pleno disfrute de los Derechos Humanos para el pueblo mexicano y en particular para los pueblos indígenas.
12. Se insta a las autoridades a promover una visión en profundidad y consensuada sobre la situación de la mujer indígena. Se necesita una visión transversal y políticas generales en todos los programas estatales y federales, respetando las formas culturales propias de los pueblos indígenas. El diálogo incluyente debe considerar especialmente la participación femenina.
13. Del mismo modo, frente a los acuerdos de libre comercio en curso, se debe recordar a las autoridades de México que los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos deben anteponerse a los intereses comerciales. En los acuerdos con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea no se han tenido en cuenta el carácter asimétrico de las sociedades de estos países, lo que afecta aun de manera más grave el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población mexicana y en particular de los pueblos indígenas.
La universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos constituyen un parámetro irrenunciable de la comunidad internacional. La FIDH recomienda igualmente a las autoridades de México y de la Unión Europea implementar cuanto antes la cláusula de Derechos Humanos prevista en el Acuerdo Global, con participación incluyente y activa de la sociedad civil de ambas partes.