Sra. Mogherini:
Sra. Malmström:
Les escribimos con gran conmoción y profundo pesar en relación al asesinato de la defensora hondureña de los derechos humanos y del medio ambiente Berta Cáceres. Era una líder indígena lenca así como la coordinadora y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En 2015, fue galardonada con el premio de la Fundación Ambiental Goldman por su defensa de su tierra y sus recursos naturales y en especial por su campaña contra el proyecto Agua Zarca. Este proyecto recibe financiación tanto nacional como internacional de diversas fuentes, entre ellas del banco de desarrollo holandés FMO y de Finnfund de Finlandia. Voith Hydro, una empresa conjunta de Voith y Siemens (ambas con sede en Alemania), también participa en el proyecto como proveedora de equipos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado medidas de protección en beneficio de la Sra. Cáceres desde 2009 [1] , pero no recibió toda la protección que necesitaba. Es una de las 15 defensoras y defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en Honduras a pesar de ser beneficiarias de las medidas de protección del CIDH, tal como informó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH). El 5 de marzo de 2016 la CIDH otorgó medidas cautelares para los miembros del COPINH, a la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro Soto, debido al riesgo existente para su seguridad. [2]
Gustavo Castro Soto, un defensor mexicano del medio ambiente, periodista y miembro de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra-México y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero también resultó herido en el ataque contra Cáceres. El 6 de marzo, al intentar salir de Honduras con la protección de la embajada de México en Honduras, las autoridades hondureñas se lo impidieron y le interceptaron antes de pasar el control aduanero del aeropuerto internacional de Tegucigalpa, argumentando que tenía que ampliar su testimonio. Según las últimas informaciones, del 8 de marzo, se le pidió que permaneciese en el país durante treinta días más. [3]
La muerte de Berta Cáceres confirma lo que mostraba un informe de 2015: Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales. Al menos 109 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2015. Desde el golpe de 2009, Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ser defensor o defensora de los derechos humanos de cualquier tipo. El asesinato de Berta Cáceres lanza un devastador mensaje a todas y todos los hondureños que intenten ejercer sus derechos —inclusive el derecho a defender sus derechos humanos.
Acogemos con satisfacción la declaración de la Delegación de la UE en Honduras y sus estados miembros emitida inmediatamente después del asesinato de la Sra. Caceres [4] así como la declaración de la portavocía [5] en la que pone de manifiesto la necesidad de que se lleve a cabo una "investigación transparente y rápida» e
Instamos a que a través de un diálogo político, pidan al Estado de Honduras que:
Apoye una investigación internacional independiente sobre el asesinato de la Sra. Cáceres, dirigido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e inste al Gobierno de Honduras a que solicite esta investigación y coopere plenamente con ella. Es fundamental que se realice una investigación independiente, habida cuenta de la falta de confianza en el sistema judicial; la impunidad reinante [6] , inclusive para casos que afectan a defensoras y defensores de los derechos humanos; y la naturaleza emblemática de este caso.
Garantizar que las autoridades judiciales hondureñas cumplen con sus obligaciones para investigar de forma efectiva y rápida el asesinato de Cáceres, en colaboración con la investigación internacional, y siguen las líneas de investigación que tienen en consideración el contexto del trabajo de Cáceres y la situación de riesgo, a la vez que persiguen a los autores materiales e intelectuales, garantizan el debido proceso y el acceso a la justicia.
Cumplen con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 5 de marzo y proporcionan, de forma inmediata, efectiva y previa consulta, protección a los miembros del COPINH, a los miembros de la familia de la Sra. Cáceres, al Sr. Castro y a los testigos del caso. El Estado de Honduras debe informar a la CIDH de las medidas adoptadas a este respecto antes del 18 de marzo de 2016.
Proceder a cancelar de forma inmediata la concesión otorgada a DESA para el proyecto Agua Zarca, que constituye una violación al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, ya que no existen pruebas sugieran que el pueblo indígena lenca haya dado su consentimiento antes de que el Congreso Nacional Hondureño aprobase la concesión en septiembre de 2010. Todas las demás concesiones en territorio lenca aprobadas sin consentimiento libre, previo e informado deben ser suspendidas. El Estado de Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la OID y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que tiene la obligación internacional de solicitar consentimiento expreso.
Hacer avanzar la regulación y la aplicación de los mecanismos para la prot4ección de las defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas, profesionales de los medios de comunicación y operadores de justicia, que deben ser plenamente operativos y contar con una dotación financiera adecuada, con medidas de protección acordadas con los beneficiarios de las mismas.
Además, de conformidad con los mecanismos internacionales, formulamos las recomendaciones siguientes:
Garantizar que la Delegación de la UE, así como las embajadas y consulados de los estados miembros de la UE en Honduras acompañen y supervisen activamente los procesos que rodean la investigación del asesinato de Berta Cáceres y la situación de Gustavo Castro Soto, siguiendo las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos.
Regulen las inversiones europeas en proyectos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas para que cumplan con las obligaciones referentes a los derechos humanos, inclusive los consagrados en la Convención 169 y expuestos en los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios Rectores de la ONU. Como se indica anteriormente, la concesión otorgada a DESA para el proyecto Agua Zarca supone una violación del artículo 15 de la Convención 169.
En el marco de la aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, comprobar que el Estado de Honduras respeta todas las cláusulas relacionadas con la aplicación de los derechos laborales, ambientales y sociales y que también las respetan los Estados miembros de la UE cuyas empresas apoyan proyectos relacionados en Honduras. Movilizar todos los mecanismos a su disposición para garantizar el pleno respeto a la aplicación de estas cláusulas así como del artículo 1 del acuerdo.
La UE debe respaldar a quienes arriesgan su vida por la protección de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras. Y tal como ha expresado la UE, las defensoras y defensores de los derechos humanos de todo el mundo merecen que no prevalezca la impunidad, sea del tipo que sea.