El fallo histórico confirmó que David Castillo jugó un papel decisivo como coautor del asesinato de la lideresa Lenca y que formó parte de una estructura de poder de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), igualmente responsable del crimen. Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo debería impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia.
En el mismo sentido, la Misión recuerda que los recursos de casación presentados por los condenados en 2019 como autores materiales del asesinato de Berta, entre los que se encuentran un militar en activo, mandos intermedios de la empresa hidroeléctrica DESA y sicarios, aún no han sido resueltas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el caso sigue sin firmeza jurídica.
Esta inseguridad jurídica, pone en riesgo el debido proceso y a las garantías de las víctimas a la reparación digna y a la no repetición, dejándolas en una situación de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena.
El asesinato de Berta Cáceres representa una herida no sólo para su familia, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y las comunidades indígenas de Río Blanco, sino para todo el país y la comunidad internacional. Las lecciones aprendidas durante estos cinco años de procesos judiciales deben servir para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades en defensa de sus territorios.
El Estado hondureño debe garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos. Las organizaciones miembros de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, continuarán acompañando este reclamo de justicia para Berta.
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