Hace un año, el 18 de julio de 2020, un grupo de 30 hombres fuertemente armados que vestían chalecos antibalas y uniformes con las siglas de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Honduras, irrumpieron en las viviendas de Alberth Sneider Centeno, Suami Aparicio Mejía García , Joel Martínez Álvarez y Gerardo Misael Tróchez en la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, los subieron a bordo de tres vehículos y desde entonces se encuentran en paradero desconocido.
Los cuatro jóvenes son defensores de los derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), organización que trabaja para defender los derechos culturales y territoriales de las comunidades garífunas que viven en el norte del país, en un contexto de alta conflictividad por el uso y posesión de la tierra que el Estado de Honduras ha fallado en resolver al no demarcar y garantizar el uso de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, tal y como le ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en octubre de 2015.
A un año de la desaparición de los cuatro defensores garífunas, el Estado de Honduras no ha hecho ningún avance en las investigaciones para determinar su paradero ni establecer los responsables de su desaparición, a pesar de las evidencias que señalan hacia el presunto involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado. De este modo, las autoridades siguen incumpliendo la resolución de septiembre de 2020 de la Corte IDH, que ordena al Estado investigar y encontrar a los cuatro defensores, y tampoco permiten la incorporación del Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) en las investigaciones.
La resolución de la Corte IDH obliga a las autoridades hondureñas, además, a adoptar las medidas adecuadas para proteger de manera efectiva la vida y la integridad física de los liderazgos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Sin embargo, aunada a la persistente impunidad entorno a la desaparición forzada de Sneider Centeno, Mejía García, Martínez Álvarez y Misael Tróchez, quienes defienden los derechos del pueblo garífuna en Honduras están sometidas a un hostigamiento constante. Así, las defensoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano, pertenecientes a la OFRANEH, están siendo criminalizadas en el marco de un expediente judicial abierto contra 32 personas por los delitos de “usurpación de tierras”, “daños” y “amenazas” contra la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA), de origen canadiense.
El Observatorio exige el cese de toda forma de hostigamiento - incluido a nivel judicial - contra quienes defienden los derechos del pueblo garífuna, y urge a las autoridades de Honduras que dispongan de todos los medios necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones de la Corte IDH con el objetivo de proteger la vida e integridad física de las comunidades garífunas del país y determinar el paradero de los cuatro defensores, identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.